El SITRAJ actualiza petición salarial

El tiempo pasa y la respuesta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a nuestro reclamo salarial se dilata, depreciándose el salario de los judiciales a escalas alarmantes que trepan al 42 %. Somos conocedores del contexto social y político que vivimos, las esperanzas nunca se agotan, pero los trabajadores nos merecemos actitudes firmes y señales claras que van más allá de los meros comentarios recogidos en los pasillos y ascensores.

Miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) reiteró este martes al Superior Tribunal de Justicia el pedido de recomposición salarial, actualizando el porcentaje del deterioro de los haberes del sector que a enero de este año alcanza el 42,6 %, tomando como base el índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El porcentaje se da en base a un estudio de cálculo realizado por el gremio de donde surge la caída del salario de los judiciales desde junio 1985 a enero de 2009. Lo que pretendemos con esta petición del 42,6 %, es poder recuperar paulatinamente el poder adquisitivo que se tenía hace más de dos décadas y media, sin siquiera mencionar un incremento salarial que estaría por encima de dicho porcentual.

Sobradamente sabemos que nuestro reclamo se sustenta en la normativa en vigencia como la Constitución de la Provincia de Corrientes, Ley de Autarquía Financiera Nº 4420/90, Ley de Presupuesto Nº 5.821/08 (Prorrogado hasta la sanción de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2009), etc., etc. Sin embargo, eso es ignorado por funcionarios y legisladores a la hora de aprobar el Presupuesto, debiendo salir los trabajadores a las calles para pedir a gritos que se respeten las leyes cuando existen las herramientas y los procedimientos establecidos para hacer cumplir las mismas.

En los últimos tiempos venimos soportando exorbitantes incrementos en las tarifas de los servicios públicos esenciales, teniendo que optar por cubrir éstos o priorizar la alimentación y salud de nuestras familias, a lo que se suma el gasto ante el inicio del ciclo lectivo.

Ya no alcanzan las expectativas lanzadas en pasillos y ascensores de tribunales para dilatar aún más una respuesta que debe darse en forma urgente ante la crisis económica de la familia judicial, al igual que el resto de la ciudadanía.

Necesitamos actitudes firmes y señales claras, para trabajar con dignidad, en un marco de seguridad social y económica.