“es un nuevo salto al vacío” y no garantiza más justicia para los ciudadanos bonaerenses, señaló hoy Víctor Mendibil, co-secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA) y miembro de la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores de la Agentina.“El interrogante fundamental –sostuvo Mendibil- es si esta reforma promueve más justicia o si, por el contrario, se profundiza un modelo que no asegura igualdad de acceso a la justicia a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Yo creo –subrayó- que si priorizamos la productividad en el trabajo, la cantidad, la urgencia o la inmediatez, debemos saber que ni la cantidad, ni la inmediatez o la productividad son garantía de justicia para el ciudadano, sino que son el resultado de criterios de mercado con los cuales se intenta resolver el requerimiento de más justicia, con la misma estructura ya insuficiente y escaso presupuesto”.
Mendibil indicó que la ciudadanía exige con justa razón una solución a sus demandas de una justicia mejor “ya que tiene gravísimas dificultades para acceder al pleno ejercicio de sus derechos, empezando por los derechos consagrados en la Constitución Nacional como el derecho a alimentarse, a la educación, a un trabajo digno bien remunerado y registrado. Pero con esta reforma –agregó- pretenden resolver los problemas de inseguridad con supuestos mecanismos que son sugeridos por el Banco Mundial u otros organismos internacionales que ya han mostrado su fracaso en España, en Chile y en otras partes de América latina y el mundo. Allí adonde fueron aplicados, con abundancia de publicidad, se pudo comprobar que los que resultaron rápidamente condenados fueron casi siempre perejiles. Es decir, no han dado respuestas a las ansias de justicia”.
Para el dirigente de los trabajadores del Poder Judicial es necesario hacer una “reforma en serio y como resultado de un debate profundo con los organismos de derechos humanos, con las asociaciones vecinales, los colegios de abogados, los magistrados, los trabajadores de la Justicia, etc., y construir así una respuesta democrática a un problema de toda la sociedad. Y no, como ocurre ahora, o como ocurrió cuando Blumberg movilizó a la gente –sostuvo Mendibil-, que cuatro o cinco se reunieron en un gabinete y generaron modificaciones que condujeron a contradicciones groseras en la seguridad jurídica de la Argentina”.
El secretario de Interior de la CTA, al analizar aspectos de la reforma sancionada por el Senado, dijo que con ella las causas que tienen ahora las Cámaras de Casación serán reenviadas a las distintas salas y cámaras de la provincia para que resuelvan en definitiva. “Ahora bien –reflexionó-, ¿va a existir coincidencia de criterio jurídico entre todas esas salas y cámaras, o por un mismo episodio o delito, unos van a ser absueltos y otros penados de distinta manera? Va a suceder esto último, habrá diferencias y se romperá el criterio de igualdad ante la ley, entre otras cuestiones”.
“Estamos –reiteró- ante un salto al vacío producto de la inexistencia de políticas serias para asegurar un modelo de justicia en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional”.
Mendibil, que semanas atrás expuso el criterio de los trabajadores del Poder Judicial como parte de una delegación de la FJA recibida por el ministro de Justicia, Anibal Fernández, sostuvo que desde su gremio “hemos hecho esfuerzos importantes y presentamos propuestas seriamente fundamentadas en múltiples ocasiones, pero jamás han atendido alguna de ellas, siempre terminan abrazándose al cassette que les manda el Banco Mundial o algún académico o ONG como FORES que, financiados desde el exterior, nos vienen a indicar lo que tenemos qué hacer en Argentina”.
Tras denunciar las gravísimas condiciones edilicias en que se desenvuelve el trabajo en el Poder Judicial, Mendibil subrayó que en el tema de las reformas necesarias “una de las cuestiones claves es si va a seguir la investigación científica penal en manos de la policía”. Lo que corresponde –advierte-, “es que esa investigación sea dependiente de los jueces, pues si eso no sucede seguiremos complicados, no hay garantías de que haya justicia porque se le está dando un elemento fundamental de certeza para el juez, precisamente a quienes en muchos casos van a embarrar la cancha”.
Este nuevo salto en el vacío –analizó- significará reconocimiento económico a los jueces y a los camaristas a los que se derivarán más casos, pero a los trabajadores de las distintas estructuras judiciales que tendrán recarga de tareas, no, a ellos no se les otorga en la reforma ningún reconocimiento económico”.
Otro aspecto –informó el dirigente sindical- es que con la nueva reforma “se empieza a instalar el puesto de administrador. Va a depender de él, y no del juez, el día y la hora de las audiencias, audiencias que dependerán entre otras cosas de las disponibilidades edilicias y no de las decisiones de urgencia que estime el juez. Es decir, estamos ante un nuevo criterio de mercado: las audiencias dependerán de un administrador y no del juez. Los jueces tendrán menos facultades, y las defensas van teniendo cada vez menos posibilidades de asumir la representación del defendido. Estamos, pues, ante un modelo que claramente pretende imponer la criminalización de la pobreza a través de mecanismos de celeridad, productividad y urgencia. Se castigará al más débil, pero lejos se estará de asegurar justicia para todos y equidad ante la ley”.
