La Federación Judicial Argentina (FJA) convocó para este martes a un PARO NACIONAL y MOVILIZACIÓN, en solidaridad con los judiciales de LA RIOJA, SANTIAGO DEL ESTERO y CORRIENTES, ante las graves violaciones a los derechos laborales que padecemos.
Los más de 30 mil trabajadores de todas las filiales del país se movilizarán en defensa libertad sindical como así también por la convocatoria a paritaria nacional con porcentualidad salarial; el 82% móvil para jubilados; el respeto a la carrera judicial y por condiciones dignas de trabajo.
El SITRAJ adhiere a la medida nacional con un PARO DE ACTIVIDADES EN LAS DOS ÚLTIMAS HORAS DE LA JORNADA LABORAL del martes 31 de marzo. La medida fue evaluada oportunamente por los compañeros representantes judiciales de toda la provincia, como ya se informara días atrás, y comunicada debidamente al Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En este marco, de 11 a 13, el gremio llama a todos los compañeros judiciales a participar de la marcha provincial que realizará el mismo día, para que junto a las distintas organizaciones gremiales y sociales que integran la MULTISECTORIAL exijamos el respeto a la LEY DE PRESUPUESTO y que se distribuyan los excedentes de coparticipación del año 2008 –el Poder Judicial aún no recibe los 10 millones del 2007- para que se produzca la tan esperada RECOMPOSICIÓN SALARIAL DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL.
La concentración será a partir de las 10 en Plaza Torrent. La columna de trabajadores tiene previsto movilizarse por las calles del centro de la ciudad hasta Plaza 25 de mayo.
UN VIEJO ANHELO
El SITRAJ saluda y felicita a todos los compañeros judiciales que por Acuerdos 4 y 5 del STJ fueron ascendidos recientemente. Resaltamos que esto debe ser tomado como un reconocimiento a la entrega diaria de los trabajadores y el resultado de años de lucha gremial pidiendo por el respeto a la carrera judicial.
De esta manera, esperamos que este proceso de reestructuración se complete priorizando el derecho de los judiciales, la calidad de su trabajo y la antigüedad en sus lugares de trabajo.
sábado, 28 de marzo de 2009
martes, 24 de marzo de 2009
Día Nacional de la Memoria por Verdad y Justicia
El 24 de marzo de 1976 la presidente Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti., designando como presidente de facto al primero. Comenzó así el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".
Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.
Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular.
El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado y así imponer el "orden", sin ninguna voz disidente.
Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos. Mientras tanto, mucha gente se exilió.
- Dicen que no son 30 mil, pero este no es un fundamento válido para que 1 o 30 mil hombres y mujeres argentinos hayan sido desaparecidos, torturados y arrancados de esta vida por el macabro accionar de hombres que decían defender al Estado cuando lo estaban aniquilando.
- Dicen que la Justicia es tuerta, porque juzgan a unos y no a otros. Sin embargo, los genocidas gozan hoy de todas las garantías constitucionales para ejercer su derecho a defensa, mientras que en aquella época nefasta de nuestra historia, en el mejor de los casos un detenido era juzgado por un "Tribunal" militar, mientras que otros, la mayoría, fueron ejecutados, torturados o liberados tras un largo calvario o exilados y sin explicación ni acusación formal alguna.
- Dicen que eran terroristas, aunque el monopolio del terrorismo y el horror fue del Estado que tuvo la posibilidad de detenerlos y juzgarlos pero prefirió matarlos, marcarlos de por vida, arrasar con sus familias y empujarlos al destierro.
NUNCA MÁS
Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.
Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular.
El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado y así imponer el "orden", sin ninguna voz disidente.
Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos. Mientras tanto, mucha gente se exilió.
- Dicen que no son 30 mil, pero este no es un fundamento válido para que 1 o 30 mil hombres y mujeres argentinos hayan sido desaparecidos, torturados y arrancados de esta vida por el macabro accionar de hombres que decían defender al Estado cuando lo estaban aniquilando.
- Dicen que la Justicia es tuerta, porque juzgan a unos y no a otros. Sin embargo, los genocidas gozan hoy de todas las garantías constitucionales para ejercer su derecho a defensa, mientras que en aquella época nefasta de nuestra historia, en el mejor de los casos un detenido era juzgado por un "Tribunal" militar, mientras que otros, la mayoría, fueron ejecutados, torturados o liberados tras un largo calvario o exilados y sin explicación ni acusación formal alguna.
- Dicen que eran terroristas, aunque el monopolio del terrorismo y el horror fue del Estado que tuvo la posibilidad de detenerlos y juzgarlos pero prefirió matarlos, marcarlos de por vida, arrasar con sus familias y empujarlos al destierro.
NUNCA MÁS
Repudio al golpe genocida
DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA EN TORNO AL NUEVO ANIVERSARIO DEL GOLPE DE ESTADO DE 1976 Y EL GRAVE ATRASO DE LOS PROCESOS A LOS GENOCIDAS
En ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cabe recordar una vez más una de las principales deudas de los argentinos en relación al pasado reciente que, es a la vez, un requisito indispensable para avanzar hacia una auténtica democracia: el juicio y condena de todos y cada uno de los responsables del genocidio perpetrado en torno a esos años.
Los juicios por violaciones a los derechos humanos vuelven a atravesar una situación de incertidumbre. Luego de la anulación de las leyes y decretos de impunidad, numerosas causas, la mayoría de las cuales se habían iniciado en los ochenta, se reactivaron. La permanente brega del amplio movimiento social y político que primero denunció el terrorismo de Estado y luego exigió justicia, obtuvo de ese modo un nuevo aliento. Sin embargo, el camino recorrido nunca ha sido fácil y ahora nos encontramos ante una nueva encrucijada.
Las declaraciones presidenciales, ocurridas durante el discurso de apertura de las sesiones legislativas del año en curso, fueron cuanto menos desafortunadas. Cristina Fernández de Kirchner sostuvo allí que el Poder Ejecutivo había hecho todo lo que tenía que hacer para impulsar la justicia en ese plano. Era, por una parte, una respuesta al llamado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando le solicitó una reunión para adoptar medidas que aceleraran los procesos, que intentaba endilgarle al Poder Judicial toda la responsabilidad por las demoras, sobre la base de que, efectivamente, los magistrados tienen en sus manos dichas causas. Pero, por otra parte, fue la elusión de las responsabilidades propias del Poder Ejecutivo, que son muchas y muy serias y que, de ningún modo, han sido resueltas durante el encuentro entre el presidente del máximo tribunal de la Nación, Ricardo Lorenzetti y el Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Sergio Massa, el pasado, miércoles 11 de marzo.
Mientras Julio López se encuentra desaparecido y centenares de testigos del terrorismo de Estado sienten la amenaza de quienes aún tienen poder para producir semejante hecho, mientras la investigación del caso de López siga en manos de la bonaerense, principal sospechosa de la trama que impide el esclarecimiento de su situación, mientras no se impulse una investigación a fondo del genocidio, mientras en la justicia y en otras instancias del Estado persistan partícipes y cómplices de las violaciones a los derechos humanos durante nuestro pasado reciente, mientras no se disponga de los recursos económicos, técnicos y personal suficiente para las tareas administrativas y judiciales necesarias para hacer justicia, y mientras no se disponga la búsqueda y apertura de todos y cada uno de los archivos vinculados con la represión (el de la Side, por ejemplo) el Poder Ejecutivo tiene y debe hacer mucho, mucho más de lo que ha hecho.
Por ejemplo, en los juicios sustanciados ante los tribunales orales de La Plata, en los casos de Etchecolatz y Von Wernich, se puso en evidencia, claramente, la escasez de recursos que, de algún modo fueron suplidos por el esfuerzo de empleados y funcionarios del poder judicial local y de organizaciones sociales y de derechos humanos que contribuyeron a llevarlos adelante.
La derecha más reaccionaria, que clama hipócritamente por la inseguridad, nada ha dicho sobre este tema, quizás intuyendo que no puede salir a decir claramente que no le interesan estos juicios, porque iría a contrapelo de la opinión mayoritaria de nuestro pueblo.
No hay duda, por ejemplo, que en 1983 se perdió una oportunidad para cambiar de fondo el sistema judicial, comenzando por una depuración de todos los que participaron de esa farsa de Poder Judicial de la dictadura y siguiendo por una reestructuración que siguiera parámetros de equidad y democratización. No hay duda de que la etapa menemista y aún el interregno de De la Rúa mantuvo y hasta profundizó la degradación del sistema. Pero el reemplazo de algunos de los miembros de la nefasta Corte de esas era de los noventa y las reformas de procedimientos ocurridas en esta última etapa iniciada en el 2003 ha sido también insuficiente para garantizar una auténtica justicia.
Se requiere una profunda reforma del sistema judicial, no en el sentido en que han reclamado los sectores dominantes en el marco de la globalización neoliberal, sino en función de adentrarnos en una sociedad verdaderamente democrática. Por ejemplo, la comunidad debería, entre otras cuestiones, participar en la elección de los magistrados como una medida de democratización y transparencia. De no avanzarse en esa reforma, no solo persistirán magistrados y mecanismos judiciales que entorpecerán o esterilizaran los juicios por violaciones a los derechos humanos sino que serán una traba para cualquier proyecto de una sociedad mejor.
Existe una responsabilidad inexcusable del Poder Ejecutivo en esas materias, ya sea reformulando el sistema de seguridad (especialmente en relación a las fuerzas armadas, policiales y penitenciarias), creando instancias de investigación que aporten elementos a los procesos en curso y que avance en la apertura de muchos otros –ya que los actuales procesados no son más que los que lo estaban en los ochenta, y la cifra actual de encauzados representa una mínima parte de todos los implicados en el genocidio- impulsando las modificaciones necesarias en el sistema judicial, promoviendo nuevas leyes que den sustento legal a todas esas medidas.
El Poder Legislativo Nacional tiene, también, importantes obligaciones, algunas de las cuales se correlacionan con las apuntadas para el poder Ejecutivo. Quizás, la más importante, se la de promover una renovada investigación del genocidio a partir de una Comisión Parlamentaria bicameral, que fue una vieja exigencia de los organismos de derechos humanos en los albores de la post dictadura, y cuya necesidad no necesita demostración, en un marco en el cual todavía, más de treinta años después de iniciado el genocidio, no existe certeza ni siquiera sobre la cifra total de asesinados, torturados, desaparecidos, secuestrados, y exiliados bajo el terror de Estado. Al estilo de anteriores comisiones investigadoras, el parlamento es un marco de legitimidad, pluralidad y con poder suficiente como para reactualizar esta iniciativa.
Pero todos estos señalamientos no pueden ser óbice para apuntar aquí las graves responsabilidades que pesan sobre el Poder Judicial actual, empezando por muchos de los tribunales que tienen a su cargo los procesos por violaciones a los derechos humanos, siguiendo por los tribunales de alzada, así como de la propia Corte Suprema. En efecto; por ejemplo, la Corte tiene facultades de supervisión y superintendencia que le permiten, aún en las actuales circunstancias, ejercer un control sobre esos procesos que no ha ejercido al menos a la altura de las necesidades. Los retrasos en los procesos, las más de cien excarcelaciones injustificadas de genocidas, la ausencia de profundas investigaciones no solo tiene raíces en complicidades personales de muchos magistrados que en alguna época integraron las filas del Estado terrorista, sino que en la Corte y en el Consejo de la Magistratura hay responsabilidades por no haber atendido a tiempo las advertencias de muchos organismos de derechos humanos y numerosas personalidades acerca de esta crítica situación.Eso se ha puesto claramente en evidencia recientemente, cuando un conjunto de organismos de derechos humanos, solicitó ante el Consejo de la Magistratura de la Nación que se inicie proceso a los integrantes de la Cámara de Casación, un paso que debió ser dado de oficio por el propio Consejo.
En síntesis, la encrucijada actual tiene muchas causas y responsables. Para salir de ella es necesario políticas de Estado que involucren a todos los poderes. Y, más allá de esto, estamos convencidos de que la permanente acción y vigilia de los movimientos sociales, sindicatos y partidos populares, especialmente de los organismos de derechos humanos, así como la de ese núcleo de magistrados que a contrapelo de la mayoría de sus colegas han cumplido con dignidad su misión, serán las garantías fundamentales para que se haga justicia.
En esa dirección, los trabajadores judiciales organizados en la Federación Judicial Argentina de todo el país nos sumaremos a cada una de las iniciativas que, a lo largo y ancho de nuestra patria, se realizarán para repudiar nuevamente el golpe genocida.
Jorge Izquierdo, Secretario General - Víctor Mendibil, Cosecretario General
En ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cabe recordar una vez más una de las principales deudas de los argentinos en relación al pasado reciente que, es a la vez, un requisito indispensable para avanzar hacia una auténtica democracia: el juicio y condena de todos y cada uno de los responsables del genocidio perpetrado en torno a esos años.
Los juicios por violaciones a los derechos humanos vuelven a atravesar una situación de incertidumbre. Luego de la anulación de las leyes y decretos de impunidad, numerosas causas, la mayoría de las cuales se habían iniciado en los ochenta, se reactivaron. La permanente brega del amplio movimiento social y político que primero denunció el terrorismo de Estado y luego exigió justicia, obtuvo de ese modo un nuevo aliento. Sin embargo, el camino recorrido nunca ha sido fácil y ahora nos encontramos ante una nueva encrucijada.
Las declaraciones presidenciales, ocurridas durante el discurso de apertura de las sesiones legislativas del año en curso, fueron cuanto menos desafortunadas. Cristina Fernández de Kirchner sostuvo allí que el Poder Ejecutivo había hecho todo lo que tenía que hacer para impulsar la justicia en ese plano. Era, por una parte, una respuesta al llamado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando le solicitó una reunión para adoptar medidas que aceleraran los procesos, que intentaba endilgarle al Poder Judicial toda la responsabilidad por las demoras, sobre la base de que, efectivamente, los magistrados tienen en sus manos dichas causas. Pero, por otra parte, fue la elusión de las responsabilidades propias del Poder Ejecutivo, que son muchas y muy serias y que, de ningún modo, han sido resueltas durante el encuentro entre el presidente del máximo tribunal de la Nación, Ricardo Lorenzetti y el Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Sergio Massa, el pasado, miércoles 11 de marzo.
Mientras Julio López se encuentra desaparecido y centenares de testigos del terrorismo de Estado sienten la amenaza de quienes aún tienen poder para producir semejante hecho, mientras la investigación del caso de López siga en manos de la bonaerense, principal sospechosa de la trama que impide el esclarecimiento de su situación, mientras no se impulse una investigación a fondo del genocidio, mientras en la justicia y en otras instancias del Estado persistan partícipes y cómplices de las violaciones a los derechos humanos durante nuestro pasado reciente, mientras no se disponga de los recursos económicos, técnicos y personal suficiente para las tareas administrativas y judiciales necesarias para hacer justicia, y mientras no se disponga la búsqueda y apertura de todos y cada uno de los archivos vinculados con la represión (el de la Side, por ejemplo) el Poder Ejecutivo tiene y debe hacer mucho, mucho más de lo que ha hecho.
Por ejemplo, en los juicios sustanciados ante los tribunales orales de La Plata, en los casos de Etchecolatz y Von Wernich, se puso en evidencia, claramente, la escasez de recursos que, de algún modo fueron suplidos por el esfuerzo de empleados y funcionarios del poder judicial local y de organizaciones sociales y de derechos humanos que contribuyeron a llevarlos adelante.
La derecha más reaccionaria, que clama hipócritamente por la inseguridad, nada ha dicho sobre este tema, quizás intuyendo que no puede salir a decir claramente que no le interesan estos juicios, porque iría a contrapelo de la opinión mayoritaria de nuestro pueblo.
No hay duda, por ejemplo, que en 1983 se perdió una oportunidad para cambiar de fondo el sistema judicial, comenzando por una depuración de todos los que participaron de esa farsa de Poder Judicial de la dictadura y siguiendo por una reestructuración que siguiera parámetros de equidad y democratización. No hay duda de que la etapa menemista y aún el interregno de De la Rúa mantuvo y hasta profundizó la degradación del sistema. Pero el reemplazo de algunos de los miembros de la nefasta Corte de esas era de los noventa y las reformas de procedimientos ocurridas en esta última etapa iniciada en el 2003 ha sido también insuficiente para garantizar una auténtica justicia.
Se requiere una profunda reforma del sistema judicial, no en el sentido en que han reclamado los sectores dominantes en el marco de la globalización neoliberal, sino en función de adentrarnos en una sociedad verdaderamente democrática. Por ejemplo, la comunidad debería, entre otras cuestiones, participar en la elección de los magistrados como una medida de democratización y transparencia. De no avanzarse en esa reforma, no solo persistirán magistrados y mecanismos judiciales que entorpecerán o esterilizaran los juicios por violaciones a los derechos humanos sino que serán una traba para cualquier proyecto de una sociedad mejor.
Existe una responsabilidad inexcusable del Poder Ejecutivo en esas materias, ya sea reformulando el sistema de seguridad (especialmente en relación a las fuerzas armadas, policiales y penitenciarias), creando instancias de investigación que aporten elementos a los procesos en curso y que avance en la apertura de muchos otros –ya que los actuales procesados no son más que los que lo estaban en los ochenta, y la cifra actual de encauzados representa una mínima parte de todos los implicados en el genocidio- impulsando las modificaciones necesarias en el sistema judicial, promoviendo nuevas leyes que den sustento legal a todas esas medidas.
El Poder Legislativo Nacional tiene, también, importantes obligaciones, algunas de las cuales se correlacionan con las apuntadas para el poder Ejecutivo. Quizás, la más importante, se la de promover una renovada investigación del genocidio a partir de una Comisión Parlamentaria bicameral, que fue una vieja exigencia de los organismos de derechos humanos en los albores de la post dictadura, y cuya necesidad no necesita demostración, en un marco en el cual todavía, más de treinta años después de iniciado el genocidio, no existe certeza ni siquiera sobre la cifra total de asesinados, torturados, desaparecidos, secuestrados, y exiliados bajo el terror de Estado. Al estilo de anteriores comisiones investigadoras, el parlamento es un marco de legitimidad, pluralidad y con poder suficiente como para reactualizar esta iniciativa.
Pero todos estos señalamientos no pueden ser óbice para apuntar aquí las graves responsabilidades que pesan sobre el Poder Judicial actual, empezando por muchos de los tribunales que tienen a su cargo los procesos por violaciones a los derechos humanos, siguiendo por los tribunales de alzada, así como de la propia Corte Suprema. En efecto; por ejemplo, la Corte tiene facultades de supervisión y superintendencia que le permiten, aún en las actuales circunstancias, ejercer un control sobre esos procesos que no ha ejercido al menos a la altura de las necesidades. Los retrasos en los procesos, las más de cien excarcelaciones injustificadas de genocidas, la ausencia de profundas investigaciones no solo tiene raíces en complicidades personales de muchos magistrados que en alguna época integraron las filas del Estado terrorista, sino que en la Corte y en el Consejo de la Magistratura hay responsabilidades por no haber atendido a tiempo las advertencias de muchos organismos de derechos humanos y numerosas personalidades acerca de esta crítica situación.Eso se ha puesto claramente en evidencia recientemente, cuando un conjunto de organismos de derechos humanos, solicitó ante el Consejo de la Magistratura de la Nación que se inicie proceso a los integrantes de la Cámara de Casación, un paso que debió ser dado de oficio por el propio Consejo.
En síntesis, la encrucijada actual tiene muchas causas y responsables. Para salir de ella es necesario políticas de Estado que involucren a todos los poderes. Y, más allá de esto, estamos convencidos de que la permanente acción y vigilia de los movimientos sociales, sindicatos y partidos populares, especialmente de los organismos de derechos humanos, así como la de ese núcleo de magistrados que a contrapelo de la mayoría de sus colegas han cumplido con dignidad su misión, serán las garantías fundamentales para que se haga justicia.
En esa dirección, los trabajadores judiciales organizados en la Federación Judicial Argentina de todo el país nos sumaremos a cada una de las iniciativas que, a lo largo y ancho de nuestra patria, se realizarán para repudiar nuevamente el golpe genocida.
Jorge Izquierdo, Secretario General - Víctor Mendibil, Cosecretario General
miércoles, 18 de marzo de 2009
Urgimos una respuesta a nuestro reclamo salarial
Este miércoles, miembros de la Comisión Directiva del SITRAJ presentamos nuevamente un urgimiento al Superior Tribunal de Justicia (STJ) exhortando una pronta respuesta al reclamo salarial que venimos realizando desde hace meses.
El sábado pasado, en reunión de Comisión Directiva ampliada, con compañeros judiciales de toda la provincia desarrollamos un amplio temario. Uno de los puntos evaluados fue el reclamo salarial aún sin respuesta por parte del STJ poniendo de manifiesto que la devaluación del salario alcanza a febrero de este año el 43,30 %.
En este sentido, coincidimos en que debemos buscar una actualización de los haberes acorde a los índices del costo de vida y nivel adquisitivo actuales.
Hoy si esta brecha del 43,30 % no existiera los Sres. Miembros del STJ debería tener un salario líquido de $15.564,06; un Juez de Primera Instancia, $12.762,53; un Secretario de Primera Instancia, $9.883,18; un Escribiente $3.114,76; un Ayudante $2.544,06, lo que demuestra en números reales lo lejos que estamos y lo justo de nuestro reclamo.
En este contexto, confiamos en que hoy podría ser oportuno para que los trabajadores podamos tener una respuesta a un reclamo justo que dignifique la labor judicial.
PARO NACIONAL
Representantes judiciales de toda la provincia decidió adherir al paro y movilización convocado por la Federación Judicial Argentina (FJA) para el 31 de marzo.
Con esta convocatoria la FJA ajusta sus medidas de fuerza a la movilización que realizará el mismo día la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) con una marcha hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar por la plena vigencia de la libertad sindical, el 82% móvil para todos los trabajadores del país, y el formal pedido de otorgamiento de la personería gremial a la Central.
Asimismo, la movilización de los trabajadores en todo el país se realiza en el marco de la protesta continental que se resolvió por el ENCUENTRO SINDICAL DE NUESTRA AMÉRICA en repudio a la EXPLOTACION DE LA CLASE TRABAJADORA.
El sábado pasado, en reunión de Comisión Directiva ampliada, con compañeros judiciales de toda la provincia desarrollamos un amplio temario. Uno de los puntos evaluados fue el reclamo salarial aún sin respuesta por parte del STJ poniendo de manifiesto que la devaluación del salario alcanza a febrero de este año el 43,30 %.
En este sentido, coincidimos en que debemos buscar una actualización de los haberes acorde a los índices del costo de vida y nivel adquisitivo actuales.
Hoy si esta brecha del 43,30 % no existiera los Sres. Miembros del STJ debería tener un salario líquido de $15.564,06; un Juez de Primera Instancia, $12.762,53; un Secretario de Primera Instancia, $9.883,18; un Escribiente $3.114,76; un Ayudante $2.544,06, lo que demuestra en números reales lo lejos que estamos y lo justo de nuestro reclamo.
En este contexto, confiamos en que hoy podría ser oportuno para que los trabajadores podamos tener una respuesta a un reclamo justo que dignifique la labor judicial.
PARO NACIONAL
Representantes judiciales de toda la provincia decidió adherir al paro y movilización convocado por la Federación Judicial Argentina (FJA) para el 31 de marzo.
Con esta convocatoria la FJA ajusta sus medidas de fuerza a la movilización que realizará el mismo día la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) con una marcha hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar por la plena vigencia de la libertad sindical, el 82% móvil para todos los trabajadores del país, y el formal pedido de otorgamiento de la personería gremial a la Central.
Asimismo, la movilización de los trabajadores en todo el país se realiza en el marco de la protesta continental que se resolvió por el ENCUENTRO SINDICAL DE NUESTRA AMÉRICA en repudio a la EXPLOTACION DE LA CLASE TRABAJADORA.
martes, 17 de marzo de 2009
Ayuda escolar: una bolsa de útiles
La Comisión Directiva del Si.tra.J, en reunión del 14 de marzo pasado, resolvió cambiar el sistema empleado como subsidio de escolaridad, la misma a partir de este año consistirá en una bolsa de útiles que contendrá lo siguiente:
PRIMARIA
De 1ro a 4to. Grado: 1 cartuchera; etiqueta; goma de pegar; 1 cuaderno tapa dura de 200 hojas; 1 lápiz negro; 1 borrador tinta lápiz; 1 cuaderno tapa dura 100 hojas; 1 regla de 20 cm; 1 sacapuntas plástico; 1 caja de lápices colores x 12.
5to. a 6to. grado: 1 carpeta negra con anillos; 1 paq. hoja de block rayadas x 96; 1 cartuchera; 1 birome; etiqueta; goma de pegar; 1 lápiz negro; 1 borrador tinta lápiz; 1 regla de 20 cm, 1 sacapuntas plástico; 1 caja fibra color x 12.
SECUNDARIA
1er. a 4º año: 1 carpeta negra con anillos; 1 paq. hoja de block rayadas x 96; 1 cartuchera; 1 birome; goma de pegar; 1 lápiz negro; 1 borrador tinta lápiz; 1 cuaderno universitario; 1 regla de 20 cm, 1 sacapuntas plástico; 1 caja fibra color x 12.
5to. y 6to. Año: 1 carpeta negra con anillos; 1 paq. hoja de block rayadas x 96; 1 cartuchera; 1 resaltador; 1 birome; 1 lápiz negro; 1 borrador tinta lápiz; 1 cuaderno universitario; 1 regla de 20 cm; 1 sacapuntas plástico.
UNIVERSITARIO
1 block borrador, 1 cartuchera; 1 resaltador; 1 birome; 1 lápiz negro; 1 borrador tinta lápiz, 1 regla de 20 cm, 1 sacapuntas plástico.
Para RETIRAR la misma deberá presentar EN FORMA COMPLETA Y SIN EXCEPCION EL SIGUIENTE FORMULARIO DE CONSTANCIA DE ESCOLARIDAD:
CERTIFICO. Que el/la alumno/a …………………………cursa el …….. grado/año, correspondiente al grado PRIMARIO/SECUNDARIO (tachar lo que no corresponda) de la Escuela………………………………………… de la localidad de……………….. Se extiende el presente, a los …….. días del mes de ……….. del año ……. Para ser presentado ante las Autoridades del Sindicato de Trabajadores Judiciales, por su padre/madre ……………………….. afiliado a dicha organización.
En caso de ser estudiante Universitario
CERTIFICO. Que el/la alumno/a ……………………………………… es alumno regular de la carrera de ………………………………………….... Se extiende el presente, a los …….. días del mes de…………………….del año……. Para ser presentado ante las Autoridades del Sindicato de Trabajadores Judiciales, por su padre/madre ……………………….. afiliado a dicha organización.
PRIMARIA
De 1ro a 4to. Grado: 1 cartuchera; etiqueta; goma de pegar; 1 cuaderno tapa dura de 200 hojas; 1 lápiz negro; 1 borrador tinta lápiz; 1 cuaderno tapa dura 100 hojas; 1 regla de 20 cm; 1 sacapuntas plástico; 1 caja de lápices colores x 12.
5to. a 6to. grado: 1 carpeta negra con anillos; 1 paq. hoja de block rayadas x 96; 1 cartuchera; 1 birome; etiqueta; goma de pegar; 1 lápiz negro; 1 borrador tinta lápiz; 1 regla de 20 cm, 1 sacapuntas plástico; 1 caja fibra color x 12.
SECUNDARIA
1er. a 4º año: 1 carpeta negra con anillos; 1 paq. hoja de block rayadas x 96; 1 cartuchera; 1 birome; goma de pegar; 1 lápiz negro; 1 borrador tinta lápiz; 1 cuaderno universitario; 1 regla de 20 cm, 1 sacapuntas plástico; 1 caja fibra color x 12.
5to. y 6to. Año: 1 carpeta negra con anillos; 1 paq. hoja de block rayadas x 96; 1 cartuchera; 1 resaltador; 1 birome; 1 lápiz negro; 1 borrador tinta lápiz; 1 cuaderno universitario; 1 regla de 20 cm; 1 sacapuntas plástico.
UNIVERSITARIO
1 block borrador, 1 cartuchera; 1 resaltador; 1 birome; 1 lápiz negro; 1 borrador tinta lápiz, 1 regla de 20 cm, 1 sacapuntas plástico.
Para RETIRAR la misma deberá presentar EN FORMA COMPLETA Y SIN EXCEPCION EL SIGUIENTE FORMULARIO DE CONSTANCIA DE ESCOLARIDAD:
CERTIFICO. Que el/la alumno/a …………………………cursa el …….. grado/año, correspondiente al grado PRIMARIO/SECUNDARIO (tachar lo que no corresponda) de la Escuela………………………………………… de la localidad de……………….. Se extiende el presente, a los …….. días del mes de ……….. del año ……. Para ser presentado ante las Autoridades del Sindicato de Trabajadores Judiciales, por su padre/madre ……………………….. afiliado a dicha organización.
En caso de ser estudiante Universitario
CERTIFICO. Que el/la alumno/a ……………………………………… es alumno regular de la carrera de ………………………………………….... Se extiende el presente, a los …….. días del mes de…………………….del año……. Para ser presentado ante las Autoridades del Sindicato de Trabajadores Judiciales, por su padre/madre ……………………….. afiliado a dicha organización.
"Un zapatazo al tarifazo"
Ante las más diversas interpretaciones volcadas en los medios de prensa de Corrientes con respecto a la movilización llevada a cabo el pasado jueves 12 de marzo, las entidades sindicales y sociales integrantes de la MULTISECTORIAL DE CORRIENTES y de la COORDINADORA PARA LA DEFENSA DEL BOLSILLO, desean poner en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:
1º) La marcha fue convocada por ambas entidades que, como es de público conocimiento, está integrada por organizaciones sindicales y sociales que accionan desde hace un tiempo en forma conjunta en uso del derecho constitucional de peticionar que les asiste en defensa de los intereses y derechos de sus representados, en forma respetuosa, organizada y pacífica, tal como ha quedado demostrado en la jornada del jueves pasado, en la que no se han registrado incidentes de ninguna naturaleza, a pesar de la gran cantidad de manifestantes.
2º) La misma, la tercera en lo que va del año, que se llevó a cabo en esta oportunidad con la consigna “UN ZAPATAZO AL TARIFAZO” tuvo como objetivo reiterar el reclamo de derogación de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo Provincial que provocaran un desmesurado e impagable incremento en el costo de los servicios de energía eléctrica y agua potable, por un lado, y por el otro para exigir se asigne a una recomposición salarial para toda la administración pública provincial los mas de 500 millones de pesos de excedentes de coparticipación devengados correspondientes al año 2.008, tal como se encuentra taxativamente dispuesto en la Ley de Presupuesto Provincial de dicho año.
c) Los sucesos que son de conocimiento público ocurridos en el sector de la docencia correntina, ha provocado que las entidades convocantes hayan manifestado en la marcha y públicamente su firme respaldo a las acciones gremiales dispuestas por las organizaciones sindicales del sector docente, como así también a los alumnos y a la familia policial que se encontraban concentradas en la plaza 25 de Mayo.
d) Las entidades convocantes repudian y rechazan el absurdo e infantil argumento de aquellos funcionarios que, ante la contundente participación de los convocados, pretenden descalificarla tildándola de tener objetivos de carácter partidario.
La Multisectorial de Corrientes y la Coordinadora para la Defensa del Bolsillo, desde siempre han entendido que los problemas que afectan a sus representados, originados por la desidia, la ineficacia y el desinterés de la dirigencia política en función de Gobierno, deben ser solucionadas institucionalmente por los poderes a los que la Constitución y las leyes le han otorgado las facultades para hacerlo.
Jamás ha sido, ni será, de interés del conjunto de las entidades sindicales y sociales que la integran perturbar los procesos democráticos dispuestos por la ciudadanía correntina, mas allá de la presión que se pueda llegar a ejercer en defensa de los intereses de sus representados, pero que siempre tienen como objetivo la denuncia de situaciones agravantes para los mismos, y la solución por parte de quien debe buscarla y encontrarla.
Corrientes, 16 de marzo de 2.009
Firman el presente comunicado de prensa:
ACDP-SUTECO-AMET-UDA-SADOP-MUD-ATSA-ASPROSAC-SOEME-AEPPC-FESTRAMCO-AOEM-VIALES-BANCARIOS-SELCO-SITRAJ-APETCRA-ATUN-BARRIOS DE PIE
1º) La marcha fue convocada por ambas entidades que, como es de público conocimiento, está integrada por organizaciones sindicales y sociales que accionan desde hace un tiempo en forma conjunta en uso del derecho constitucional de peticionar que les asiste en defensa de los intereses y derechos de sus representados, en forma respetuosa, organizada y pacífica, tal como ha quedado demostrado en la jornada del jueves pasado, en la que no se han registrado incidentes de ninguna naturaleza, a pesar de la gran cantidad de manifestantes.
2º) La misma, la tercera en lo que va del año, que se llevó a cabo en esta oportunidad con la consigna “UN ZAPATAZO AL TARIFAZO” tuvo como objetivo reiterar el reclamo de derogación de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo Provincial que provocaran un desmesurado e impagable incremento en el costo de los servicios de energía eléctrica y agua potable, por un lado, y por el otro para exigir se asigne a una recomposición salarial para toda la administración pública provincial los mas de 500 millones de pesos de excedentes de coparticipación devengados correspondientes al año 2.008, tal como se encuentra taxativamente dispuesto en la Ley de Presupuesto Provincial de dicho año.
c) Los sucesos que son de conocimiento público ocurridos en el sector de la docencia correntina, ha provocado que las entidades convocantes hayan manifestado en la marcha y públicamente su firme respaldo a las acciones gremiales dispuestas por las organizaciones sindicales del sector docente, como así también a los alumnos y a la familia policial que se encontraban concentradas en la plaza 25 de Mayo.
d) Las entidades convocantes repudian y rechazan el absurdo e infantil argumento de aquellos funcionarios que, ante la contundente participación de los convocados, pretenden descalificarla tildándola de tener objetivos de carácter partidario.
La Multisectorial de Corrientes y la Coordinadora para la Defensa del Bolsillo, desde siempre han entendido que los problemas que afectan a sus representados, originados por la desidia, la ineficacia y el desinterés de la dirigencia política en función de Gobierno, deben ser solucionadas institucionalmente por los poderes a los que la Constitución y las leyes le han otorgado las facultades para hacerlo.
Jamás ha sido, ni será, de interés del conjunto de las entidades sindicales y sociales que la integran perturbar los procesos democráticos dispuestos por la ciudadanía correntina, mas allá de la presión que se pueda llegar a ejercer en defensa de los intereses de sus representados, pero que siempre tienen como objetivo la denuncia de situaciones agravantes para los mismos, y la solución por parte de quien debe buscarla y encontrarla.
Corrientes, 16 de marzo de 2.009
Firman el presente comunicado de prensa:
ACDP-SUTECO-AMET-UDA-SADOP-MUD-ATSA-ASPROSAC-SOEME-AEPPC-FESTRAMCO-AOEM-VIALES-BANCARIOS-SELCO-SITRAJ-APETCRA-ATUN-BARRIOS DE PIE
Judiciales contra la pena de muerte
En declaraciones a la prensa, el Secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), Jorge Izquierdo, expresó el rechazo terminante de los trabajadores judiciales a la pena de muerte.
La frondosa campaña de segmentos conservadores, incluidas las empresas de comunicación comúnmente llamadas medios de prensa, en torno a la “inseguridad” –advirtió Izquierdo- “nos impone a todos los trabajadores judiciales a tener una actitud firme en rechazo de la pena de muerte instada por sectores sociales acomodados, como son los casos de Susana Jiménez y Marcelo Tinelli".
“Lo que se pretende desde esos sectores es abrir el camino más directo para instaurar una vez más un aparato represivo que incluya la pena de muerte”, indicó. Pero, “tenemos una experiencia funesta en la historia Argentina: sangre de pobres y trabajadores, ha corrido por las calles para imponer un modelo capitalista de dominación que en la práctica viene ganando la batalla y a la cual nos enfrentamos una vez más con este inmenso caos que es la economía mundial”, agregó.
Izquierdo señaló que “otra vez, los países centrales intentan descargar el pésimo manejo de los recursos económicos de la humanidad que explotan y gozan vergonzosamente, sobre nuestras espaldas. Entiendo, en consecuencia, que no debemos tener actitudes dubitativas: no a la pena de muerte es la bandera de los judiciales argentinos contra la posibilidad de que a través del terror nos impongan una vez más el silencio de los cementerios”.
A propósito de ello, el sindicalista sostuvo que “es imperioso que -como bien se planteó en la última reunión de la Mesa Directiva Nacional de la CTA-, impulsemos un proyecto que derogue la ley antiterrorista sancionada por el Congreso Nacional a instancias del gobierno de los EE.UU.” porque “este instrumento es un elemento que bien puede plasmar en realidad la petición de pena de muerte, soslayando la adhesión al Pacto de San José de Costa Rica incluido en la Constitución Nacional”.
Para el secretario de la FJA, en un país como el nuestro, donde las diferencias sociales se agrandan, “siempre se apeló a la represión y a la muerte para sostener la desigualdad”, por lo tanto –subrayó-, debemos desplegar una fuerte política de esclarecimiento contra la pena de muerte y en pos de la derogación de esta ley antiterrorista que puede hacer realidad un nuevo aparato represivo”.
La frondosa campaña de segmentos conservadores, incluidas las empresas de comunicación comúnmente llamadas medios de prensa, en torno a la “inseguridad” –advirtió Izquierdo- “nos impone a todos los trabajadores judiciales a tener una actitud firme en rechazo de la pena de muerte instada por sectores sociales acomodados, como son los casos de Susana Jiménez y Marcelo Tinelli".
“Lo que se pretende desde esos sectores es abrir el camino más directo para instaurar una vez más un aparato represivo que incluya la pena de muerte”, indicó. Pero, “tenemos una experiencia funesta en la historia Argentina: sangre de pobres y trabajadores, ha corrido por las calles para imponer un modelo capitalista de dominación que en la práctica viene ganando la batalla y a la cual nos enfrentamos una vez más con este inmenso caos que es la economía mundial”, agregó.
Izquierdo señaló que “otra vez, los países centrales intentan descargar el pésimo manejo de los recursos económicos de la humanidad que explotan y gozan vergonzosamente, sobre nuestras espaldas. Entiendo, en consecuencia, que no debemos tener actitudes dubitativas: no a la pena de muerte es la bandera de los judiciales argentinos contra la posibilidad de que a través del terror nos impongan una vez más el silencio de los cementerios”.
A propósito de ello, el sindicalista sostuvo que “es imperioso que -como bien se planteó en la última reunión de la Mesa Directiva Nacional de la CTA-, impulsemos un proyecto que derogue la ley antiterrorista sancionada por el Congreso Nacional a instancias del gobierno de los EE.UU.” porque “este instrumento es un elemento que bien puede plasmar en realidad la petición de pena de muerte, soslayando la adhesión al Pacto de San José de Costa Rica incluido en la Constitución Nacional”.
Para el secretario de la FJA, en un país como el nuestro, donde las diferencias sociales se agrandan, “siempre se apeló a la represión y a la muerte para sostener la desigualdad”, por lo tanto –subrayó-, debemos desplegar una fuerte política de esclarecimiento contra la pena de muerte y en pos de la derogación de esta ley antiterrorista que puede hacer realidad un nuevo aparato represivo”.
¿Bailando por un sueño?… el de Marcelo Tinelli
Me pregunto qué danza tendremos que hacer los Mapuches y campesinos para que nos devuelvan las tierras.
Es tan conmovedor ver a Tinelli cuando se emociona ante algún caso de injusticia social. Se le llenan los ojos de lágrimas y mira hacia las cámaras.
¿Si los indígenas se presentaran en su show podrían conseguir algo de respeto a sus derechos naturales?
¿Saben que es 'Trafipan 2000'?
Marcelo Tinelli, conductor, empresario televisivo que compró miles de hectáreas en la provincia sureña de Chubut y necesita desalojar 30 familias mapuches para construir un megaproyecto turístico.
Moira Millán, integrante de la Comunidad Pillán Mahuiza y del Frente de Lucha Mapuche y Campesinos en el marco de la lucha por la defensa del Agua y la Tierra aseguró a radio Universidad Nacional de Cuyo, que le dicen rotundamente ¡No! a cualquier megaproyecto que pretenda “arrasar con nuestro entorno a cualquier precio”.
La dirigencia indígena denunció que el megaproyecto turístico que pretende construir Marcelo Tinelli “es sobre la vivienda de 30 familias mapuches y, casualmente, lleva nombre mapuche, Trafipan 2000, cuando para llevarlo a cabo, necesita de su desalojo”.
“Cuanta más gente se entera, más nos ayuda para conseguir el apoyo de las autoridades para poder conservar nuestras tierras”.
Amigos: envío este mail para que ustedes también colaboren en la difusión de las cosas que suceden y que los medios de comunicación tapan.... Los medios alternativos (radio, diarios zonales) lo están haciendo, entonces es la labor nuestra sumarnos ante el silencio de los medios oficiales.
Lic. Marisa Burlastegui
Universidad Nacional de Mar del Plata
Es tan conmovedor ver a Tinelli cuando se emociona ante algún caso de injusticia social. Se le llenan los ojos de lágrimas y mira hacia las cámaras.
¿Si los indígenas se presentaran en su show podrían conseguir algo de respeto a sus derechos naturales?
¿Saben que es 'Trafipan 2000'?
Marcelo Tinelli, conductor, empresario televisivo que compró miles de hectáreas en la provincia sureña de Chubut y necesita desalojar 30 familias mapuches para construir un megaproyecto turístico.
Moira Millán, integrante de la Comunidad Pillán Mahuiza y del Frente de Lucha Mapuche y Campesinos en el marco de la lucha por la defensa del Agua y la Tierra aseguró a radio Universidad Nacional de Cuyo, que le dicen rotundamente ¡No! a cualquier megaproyecto que pretenda “arrasar con nuestro entorno a cualquier precio”.
La dirigencia indígena denunció que el megaproyecto turístico que pretende construir Marcelo Tinelli “es sobre la vivienda de 30 familias mapuches y, casualmente, lleva nombre mapuche, Trafipan 2000, cuando para llevarlo a cabo, necesita de su desalojo”.
“Cuanta más gente se entera, más nos ayuda para conseguir el apoyo de las autoridades para poder conservar nuestras tierras”.
Amigos: envío este mail para que ustedes también colaboren en la difusión de las cosas que suceden y que los medios de comunicación tapan.... Los medios alternativos (radio, diarios zonales) lo están haciendo, entonces es la labor nuestra sumarnos ante el silencio de los medios oficiales.
Lic. Marisa Burlastegui
Universidad Nacional de Mar del Plata
domingo, 15 de marzo de 2009
El SITRAJ adhiere al paro nacional convocado por la FJA
En reunión de Comisión Directiva ampliada, con la presencia de delegados de Seccionales y Departamentales de toda la provincia, el SITRAJ decidió adherir al paro y movilización convocado por la Federación Judicial Argentina (FJA) para el 31 de marzo.
El gremio continúa en estado de alerta y movilización y en el transcurso de esta semana presentará una actualización y urgimiento de respuesta por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ) al reclamo salarial.
Representantes judiciales de toda la provincia desarrollaron el sábado un amplio temario. Uno de los puntos evaluados fue el reclamo salarial aún sin respuesta por parte del STJ poniendo de manifiesto que la devaluación del salario alcanza a febrero de este año el 43,30 %. En este sentido, lo que el gremio busca es una actualización de los haberes acorde a los índices del costo de vida y nivel adquisitivo actuales.
MOVIDA NACIONAL Y CONTINENTAL
La FJA ajusta de esta manera sus medidas de fuerza a la movilización que realizará el mismo día la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) con una marcha hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar por la plena vigencia de la libertad sindical, el 82% móvil para todos los trabajadores del país, y el formal pedido de otorgamiento de la personería gremial a la Central.
La movilización de los trabajadores en todo el país se realiza en el marco de la protesta continental prevista que se resolvió por el ENCUENTRO SINDICAL DE NUESTRA AMÉRICA en repudio a la EXPLOTACION DE LA CLASE TRABAJADORA.
Comisión Directiva, 14 de marzo de 2009
El gremio continúa en estado de alerta y movilización y en el transcurso de esta semana presentará una actualización y urgimiento de respuesta por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ) al reclamo salarial.
Representantes judiciales de toda la provincia desarrollaron el sábado un amplio temario. Uno de los puntos evaluados fue el reclamo salarial aún sin respuesta por parte del STJ poniendo de manifiesto que la devaluación del salario alcanza a febrero de este año el 43,30 %. En este sentido, lo que el gremio busca es una actualización de los haberes acorde a los índices del costo de vida y nivel adquisitivo actuales.
MOVIDA NACIONAL Y CONTINENTAL
La FJA ajusta de esta manera sus medidas de fuerza a la movilización que realizará el mismo día la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) con una marcha hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar por la plena vigencia de la libertad sindical, el 82% móvil para todos los trabajadores del país, y el formal pedido de otorgamiento de la personería gremial a la Central.
La movilización de los trabajadores en todo el país se realiza en el marco de la protesta continental prevista que se resolvió por el ENCUENTRO SINDICAL DE NUESTRA AMÉRICA en repudio a la EXPLOTACION DE LA CLASE TRABAJADORA.
Comisión Directiva, 14 de marzo de 2009
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