El Plan Nacional de Reforma Judicial se comenzó a implementar en el país en el ’99. De que se trata, como se está implementando en
distintas provincias del país y las consecuencias del mismo fueron algunos de los temas abordados por la doctora Mónica Mooney en la charla brindada a los judiciales realizada en Capital y la localidad de Mercedes el pasado viernes. En diálogo con la misma, también se refirió más específicamente a la informatización, el perfil que se busca en jueces y para la “modernización” del sistema y la necesidad de un Estatuto de los trabajadores del sector.
Mooney, agente del Poder Judicial de Córdoba, abogada, con sobrados estudios sobre derecho judicial y público, política y economía, explicó que “cuando hablamos de reforma judicial nos estamos refiriendo a la elaborada por los organismos internacionales de crédito en los años ‘90 para América Latina y el Caribe. Siempre hacemos referencia al antecedente inmediato que es el año ‘94 cuando se reúne la OEA (Organización de Estados Americanos) para la conformación del ALCA, que es un acuerdo de libre comercio. Allí se analiza cuales son las dificultades que presenta América Latina y el Caribe a los fines del comercio internacional”.
Del estudio surge que uno de los principales puntos que les surgió para rever “es la falta de seguridad jurídica. A partir de ahí los organismos internacionales de crédito, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el Banco Mundial empiezan a estudiar cuales son los puntos débiles de los sistemas judiciales que terminan en este resultado al que llaman ellos inseguridad jurídica.
En el ’96 se realiza una reunión en Chile donde se conforma la Red Interamericana para la Reforma Judicial y parten del análisis de las conformaciones políticas de cada uno de los estados latinoamericanos. Dentro de las conformaciones de sistemas democráticos de estos estados advierten algo, la particularidad que el único poder del estado que se mantiene incólume a través del tiempo es el Poder Judicial. Los poderes ejecutivos cambian por golpes de estado o bien por situación electoral”.
PUNTOS DÉBILES
Con respecto a los puntos “débiles” de la Justicia encontrados del estudio de los organismos internacionales que menciona Mooney –una de las primeras voces que se alzaron al implementarse la prueba piloto en Córdoba-, indicó que son “la lentitud de los sistemas judiciales y la falta de credibilidad que tenía la gente hacia los jueces. La necesidad de rapidez era evidente ya que el comercio multinacional tenia que trasladar fronteras por lo tanto no podíamos estar en sistemas de papeleos tan complicados como eran antes donde ante cualquier cuestión internacional tenía que pasar por Cancillería”.
“Ya estaba introducida la informática por lo tanto empezaron a trasladar el comercio virtual, esto demostraba que las formas de solucionar los problemas de lentitud de la Justicia era a través de la introducción de las técnicas informáticas. De esa manera no solamente será rápido sino que será inmediato”, agregó.
Pero se les presentó otro inconveniente, el que “los estados latinoamericanos están conformados por estados provinciales, por el sistema federal, que hace que un Poder Judicial provincial sea independiente del nacional, entonces había que buscar la manera de llegar a las provincias. El Banco Mundial, autorizado a negociar con los estados provinciales, propuso a los estados provinciales las reformas administrativas y les otorgó los préstamos para concretar lo que llamamos, en realidad, modernización del estado”.
EL PERFIL DEL JUEZ Y DEL PERSONAL
En las provincias, detectaron que el sistema judicial estaba conformado por una estructura pétrea en lo que respecta a la inamovilidad de los jueces que duran en sus cargos mientras dure su buena conducta y una formación del personal judicial muy dispar. Se encontraron, explicó Mooney con “estados donde tenían una alta capacitación de los jueces que en realidad eran integrantes del mismo lugar donde trabajaban, como Córdoba que es segurísimo que el empleado judicial se convierta en un juez el día de mañana –ya que para ingresar es necesario ser estudiante de abogacía-, y otros estados donde se daba que el personal judicial era administrativo. Es así que también previeron cual era el perfil que debía tener el juez y también el perfil del empleado judicial porque a partir de allí se espera que el empleado judicial sea juez”.
Desde el punto de vista del perfil que se busca en los magistrados manifestó que “la vocación del abogado es muy distinta cuando tiene que defender un interés individual a cuando uno tiene que analizar la conducta de los otros porque el juez lo que hace es analizar las conductas e interpretarlas de acuerdo a un marco legal. Esto también demuestra que los jueces que están en el Poder Judicial desde siempre tienen una forma de mirar las conductas muy distintas a las del abogado de allí que lo ideal sea la mixtura, que haya tantos jueces de carrera como que puedan venir de afuera. Las conductas humanas cada día son mas variadas y mirar, interpretar una causa con solo la visión burocrática no ha demostrado ser lo mejor, la experiencia de la vida es necesaria”.
En lo que respecta al perfil del personal, surge uno de los puntos más preocupantes para el trabajador administrativo –como el caso de Corrientes- que se podría dar ante la jerarquización y profesionalización de la tarea judicial. “Si las condiciones de ingreso al Poder Judicial pasan a ser como en Córdoba, exclusivamente para estudiantes de abogacía, significa que no va a haber carrera judicial”, afirmó Mooney.
La Reforma Judicial ya contempló la situación de los trabajadores administrativos. Para ellos “genero distintos tipos de Justicia, Justicia de menor cuantía por llamarla de alguna manera, por ejemplo la de mero trámite, como las ejecuciones fiscales que todos sabemos que prácticamente son juicios de formulario; este tribunal no requiere de personal altamente calificado, la sentencia esta puesta en la pantalla y va a tener que copiarla nada mas. Además, tribunales de conocimiento, en las mesas de entradas para ingresar un expediente, la distribución de las causas no es necesario saber derecho, no es necesario que haya abogados en esos lugares. Ese personal antiguo, que no tenga posibilidades de estudiar derecho, digo antiguo porque el mas joven ante la situación que se plantea tiene más oportunidades de ir a estudiar, los mas antiguos van a ir a esos tribunales que son prácticamente de mero tramite. Otros, serán expulsados por el sistema gradualmente por jubilación, retiro anticipado, etc.”.
LA CARRERA JUDICIAL
“El Plan Nacional de Reforma Judicial del Banco Mundial dice expresamente que hay que revisar la carrera judicial porque para ellos significa burocracia; también hay que revisar la situación salarial porque es bueno que tengamos jueces y funcionarios con buenos sueldos, hay que estimularlos para que queden ese lugar, y al personal administrativo hay que generarles que la ambición al cargo, hay que premiarlos, un estimulo para mantenerse. Si no tenemos sueldos buenos se van los mejores, los mas capacitados, se nos van a la calle, a las empresas donde pueden tener mejores ingresos”.
No existirían más trabajadores judiciales sino funcionarios del Poder Judicial. A modo de ejemplo, dado que Córdoba es pionera en esta Reforma, cabe destacar que en esa provincia “el 20 por ciento de la planta de tribunales es trabajador afiliado al sindicato de los judiciales debido a que a los cuatro años de ingresar deja de pertenecer al gremio para pertenecer a la Asociación de Funcionarios y Magistrados”.
UNA ALTERNATIVA, EL ESTATUTO
Ante las grandes diferencias que se plantean con el personal una importante alternativa es la de trabajar en el Estatuto de los Trabajadores Judiciales. Un Estatuto establecido por ley donde se establezcan los cargos y funciones acordes a cada lugar de trabajo o fuero en que se desempeñen los empleados judiciales. “Esto no es otra cosa que un convenio colectivo donde además se pueda fijar la cuestión salarial, teniendo como base el nomenclador nacional, teniendo presente las particularidades de cada provincia, y así equiparar cargos y remuneraciones, igual tarea por igual remuneración”, sostuvo Mooney.
Esta normativa vendría a dar garantías en cuanto a la estabilidad y lo salarial, advirtiendo que no podemos hablar de Paritarias porque a la hora de negociar “nunca el Estado está equiparado a los más débiles, no existe paridad de fuerzas, es el que ejerce el poder y tiene la posibilidad de tomar las decisiones”, es por ello que los trabajadores recurren en última instancia a las medidas de acción. Por lo tanto, consideró finalmente que el camino es el de la Ley porque “la única fuerza, es la fuerza de la ley”. (MIM)
distintas provincias del país y las consecuencias del mismo fueron algunos de los temas abordados por la doctora Mónica Mooney en la charla brindada a los judiciales realizada en Capital y la localidad de Mercedes el pasado viernes. En diálogo con la misma, también se refirió más específicamente a la informatización, el perfil que se busca en jueces y para la “modernización” del sistema y la necesidad de un Estatuto de los trabajadores del sector.Mooney, agente del Poder Judicial de Córdoba, abogada, con sobrados estudios sobre derecho judicial y público, política y economía, explicó que “cuando hablamos de reforma judicial nos estamos refiriendo a la elaborada por los organismos internacionales de crédito en los años ‘90 para América Latina y el Caribe. Siempre hacemos referencia al antecedente inmediato que es el año ‘94 cuando se reúne la OEA (Organización de Estados Americanos) para la conformación del ALCA, que es un acuerdo de libre comercio. Allí se analiza cuales son las dificultades que presenta América Latina y el Caribe a los fines del comercio internacional”.
Del estudio surge que uno de los principales puntos que les surgió para rever “es la falta de seguridad jurídica. A partir de ahí los organismos internacionales de crédito, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el Banco Mundial empiezan a estudiar cuales son los puntos débiles de los sistemas judiciales que terminan en este resultado al que llaman ellos inseguridad jurídica.
En el ’96 se realiza una reunión en Chile donde se conforma la Red Interamericana para la Reforma Judicial y parten del análisis de las conformaciones políticas de cada uno de los estados latinoamericanos. Dentro de las conformaciones de sistemas democráticos de estos estados advierten algo, la particularidad que el único poder del estado que se mantiene incólume a través del tiempo es el Poder Judicial. Los poderes ejecutivos cambian por golpes de estado o bien por situación electoral”.
PUNTOS DÉBILES
Con respecto a los puntos “débiles” de la Justicia encontrados del estudio de los organismos internacionales que menciona Mooney –una de las primeras voces que se alzaron al implementarse la prueba piloto en Córdoba-, indicó que son “la lentitud de los sistemas judiciales y la falta de credibilidad que tenía la gente hacia los jueces. La necesidad de rapidez era evidente ya que el comercio multinacional tenia que trasladar fronteras por lo tanto no podíamos estar en sistemas de papeleos tan complicados como eran antes donde ante cualquier cuestión internacional tenía que pasar por Cancillería”.
“Ya estaba introducida la informática por lo tanto empezaron a trasladar el comercio virtual, esto demostraba que las formas de solucionar los problemas de lentitud de la Justicia era a través de la introducción de las técnicas informáticas. De esa manera no solamente será rápido sino que será inmediato”, agregó.
Pero se les presentó otro inconveniente, el que “los estados latinoamericanos están conformados por estados provinciales, por el sistema federal, que hace que un Poder Judicial provincial sea independiente del nacional, entonces había que buscar la manera de llegar a las provincias. El Banco Mundial, autorizado a negociar con los estados provinciales, propuso a los estados provinciales las reformas administrativas y les otorgó los préstamos para concretar lo que llamamos, en realidad, modernización del estado”.
EL PERFIL DEL JUEZ Y DEL PERSONAL
En las provincias, detectaron que el sistema judicial estaba conformado por una estructura pétrea en lo que respecta a la inamovilidad de los jueces que duran en sus cargos mientras dure su buena conducta y una formación del personal judicial muy dispar. Se encontraron, explicó Mooney con “estados donde tenían una alta capacitación de los jueces que en realidad eran integrantes del mismo lugar donde trabajaban, como Córdoba que es segurísimo que el empleado judicial se convierta en un juez el día de mañana –ya que para ingresar es necesario ser estudiante de abogacía-, y otros estados donde se daba que el personal judicial era administrativo. Es así que también previeron cual era el perfil que debía tener el juez y también el perfil del empleado judicial porque a partir de allí se espera que el empleado judicial sea juez”.
Desde el punto de vista del perfil que se busca en los magistrados manifestó que “la vocación del abogado es muy distinta cuando tiene que defender un interés individual a cuando uno tiene que analizar la conducta de los otros porque el juez lo que hace es analizar las conductas e interpretarlas de acuerdo a un marco legal. Esto también demuestra que los jueces que están en el Poder Judicial desde siempre tienen una forma de mirar las conductas muy distintas a las del abogado de allí que lo ideal sea la mixtura, que haya tantos jueces de carrera como que puedan venir de afuera. Las conductas humanas cada día son mas variadas y mirar, interpretar una causa con solo la visión burocrática no ha demostrado ser lo mejor, la experiencia de la vida es necesaria”.
En lo que respecta al perfil del personal, surge uno de los puntos más preocupantes para el trabajador administrativo –como el caso de Corrientes- que se podría dar ante la jerarquización y profesionalización de la tarea judicial. “Si las condiciones de ingreso al Poder Judicial pasan a ser como en Córdoba, exclusivamente para estudiantes de abogacía, significa que no va a haber carrera judicial”, afirmó Mooney.
La Reforma Judicial ya contempló la situación de los trabajadores administrativos. Para ellos “genero distintos tipos de Justicia, Justicia de menor cuantía por llamarla de alguna manera, por ejemplo la de mero trámite, como las ejecuciones fiscales que todos sabemos que prácticamente son juicios de formulario; este tribunal no requiere de personal altamente calificado, la sentencia esta puesta en la pantalla y va a tener que copiarla nada mas. Además, tribunales de conocimiento, en las mesas de entradas para ingresar un expediente, la distribución de las causas no es necesario saber derecho, no es necesario que haya abogados en esos lugares. Ese personal antiguo, que no tenga posibilidades de estudiar derecho, digo antiguo porque el mas joven ante la situación que se plantea tiene más oportunidades de ir a estudiar, los mas antiguos van a ir a esos tribunales que son prácticamente de mero tramite. Otros, serán expulsados por el sistema gradualmente por jubilación, retiro anticipado, etc.”.
LA CARRERA JUDICIAL
“El Plan Nacional de Reforma Judicial del Banco Mundial dice expresamente que hay que revisar la carrera judicial porque para ellos significa burocracia; también hay que revisar la situación salarial porque es bueno que tengamos jueces y funcionarios con buenos sueldos, hay que estimularlos para que queden ese lugar, y al personal administrativo hay que generarles que la ambición al cargo, hay que premiarlos, un estimulo para mantenerse. Si no tenemos sueldos buenos se van los mejores, los mas capacitados, se nos van a la calle, a las empresas donde pueden tener mejores ingresos”.
No existirían más trabajadores judiciales sino funcionarios del Poder Judicial. A modo de ejemplo, dado que Córdoba es pionera en esta Reforma, cabe destacar que en esa provincia “el 20 por ciento de la planta de tribunales es trabajador afiliado al sindicato de los judiciales debido a que a los cuatro años de ingresar deja de pertenecer al gremio para pertenecer a la Asociación de Funcionarios y Magistrados”.
UNA ALTERNATIVA, EL ESTATUTO
Ante las grandes diferencias que se plantean con el personal una importante alternativa es la de trabajar en el Estatuto de los Trabajadores Judiciales. Un Estatuto establecido por ley donde se establezcan los cargos y funciones acordes a cada lugar de trabajo o fuero en que se desempeñen los empleados judiciales. “Esto no es otra cosa que un convenio colectivo donde además se pueda fijar la cuestión salarial, teniendo como base el nomenclador nacional, teniendo presente las particularidades de cada provincia, y así equiparar cargos y remuneraciones, igual tarea por igual remuneración”, sostuvo Mooney.
Esta normativa vendría a dar garantías en cuanto a la estabilidad y lo salarial, advirtiendo que no podemos hablar de Paritarias porque a la hora de negociar “nunca el Estado está equiparado a los más débiles, no existe paridad de fuerzas, es el que ejerce el poder y tiene la posibilidad de tomar las decisiones”, es por ello que los trabajadores recurren en última instancia a las medidas de acción. Por lo tanto, consideró finalmente que el camino es el de la Ley porque “la única fuerza, es la fuerza de la ley”. (MIM)
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