Conclusiones de la Jornada sobre Impunidad, Justicia y Derechos Humanos

El día 3 de octubre de 2008 llevamos adelante una Jornada sobre Impunidad, Justicia y Derechos Humanos, la cual se convirtió en escenario de denuncias y debates en rumbo definitivo hacia la Constituyente Social.

Reunidos en la sede de la CTA Capital Federal, asistieron decenas de compañeros de la Central, de distintas entidades gremiales, de movimientos de derechos humanos y sociales, juristas y trabajadores.

Estuvieron presentes miembros de la mesa nacional de la CTA, de CTA–Capital, de la Federación Judicial Argentina y la Asociación de Personal de Propaganda Médica, organizadores de la actividad, de la Asociación de Trabajadores del Estado, de la Unión de Conductores de la República Argentina, entre otras.

Por el movimiento de Derechos Humanos, estuvieron presentes integrantes de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos, entre otros. Se destacó también la presencia del premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y de Ricardo Aredes, hijo de Olga Aredes.

Entre las presencias internacionales, asistieron a la Jornada un docente de la Universidad de La Habana, un miembro de la directiva de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, de la organización Movimiento Nacional de Víctimas del Crimen de Estado de Colombia.

También se sumaron a la iniciativa organizaciones sociales como el MTL, el Mopassol, la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas y el movimiento de pequeños campesinos por la liberación. Acompañaron igualmente centros de investigación como la FISyP y el CEFJA.

Por las organizaciones profesionales, se destacó la presencia de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y de la Asociación de Abogados Laboralistas, entre otras.

Como resultado del debate sostenido entre todos los compañeros presentes, enunciamos las denuncias y propuestas surgidas en torno a democratización de la Justicia y el fin de la impunidad:

Se demostró de qué manera los mecanismos de impunidad están instalados a partir del accionar de jueces formados bajo concepciones represivas, autoritarias y conservadoras, y como se verifica esa impunidad, entre otros sucesos, con la desaparición de Julio López o los atentados y persecuciones políticas contra el Movimiento Chicos del Pueblo y ATE.

Se puso en cuestión la presencia de jueces comprometidos y cómplices de la última dictadura como de los poderes políticos y económicos en Cortes de provincia. Al respecto, se efectuaron dos propuestas: a) poner en comisión a la totalidad de los jueces de cortes provinciales, y b) promover formas democráticas de elección de magistrados de comprobada trayectoria en el respeto a la Constitución y los Derechos Humanos, como ocurre en las provincias de Chubut o Entre Ríos, donde en el Consejo de la Magistratura, que los elige, están presentes representaciones del pueblo y de los trabajadores.

Se denunció asimismo la discriminación a través de la "flagrancia", "la portación de rostro" y la reforma permanente de los Códigos para asegurar siempre la condena de los más pobres mientras los delincuentes de guante blanco están libres. La propuesta apuntó a la reforma de los Códigos.

Se señaló que el hambre y las muertes evitables de cientos de chicos desnutridos y víctimas de enfermedades curables también son atentados a los derechos humanos, por lo que se propuso profundizar la campaña "El Hambre es un crimen" y colocar entre las demandas programáticas esenciales la soberanía alimentaría. Otro tanto respecto a la demanda de dignidad de los jubilados.

En este sentido se recalcó que, según datos de la ONU, con solo el 10% de los 700.000 millones de dólares que Washington destina a salvar de la quiebra a sus banqueros, podría darse solución a los problemas de hambre y miseria que padecen mil millones de seres humanos en el planeta.

Otra denuncia apuntó a la vigencia de la tortura que se vive en los servicios penitenciarios hoy convertidos en escuelas de la delincuencia. Se afirmó que es indispensable rever el papel de la Justicia y de la comisión legislativa del Parlamento nacional a ese respecto.

Se acuso a la actual política de derechos humanos como antipopular y meramente discursiva. Así, la violación de los derechos humanos tiene por fin generar el terror para paraliza la lucha popular.

Otras propuestas estuvieron dirigidas a terminar con los abusos deshonestos y con la discriminación y explotación de trabajadoras sexuales por parte de proxenetas con la complicidad de jueces y policías, que llegan hasta el asesinato como en el caso de la luchadora por los derechos de Sandra Cabrera, crimen que también ha quedado en la impunidad.

Se postuló que no sólo no es suficiente el desarrollo de los juicios contra los genocidas, sino deben materializarse hacia el presente en nuestro país. Así, se afirmó que la actual violación de los derechos humanos es producto de la violencia del pasado.

Se denunció al CIADI por su intromisión en la soberanía nacional; asimismo se propuso la derogación de los 58 acuerdos bilaterales que existen en nuestro país.

Se propuso intervenir en las universidades con el objeto de difundir y generar la discusión en ese ámbito; la modalidad propuesta apunta a la organización de paneles, mesas redondas, talleres, entre otros.

Se informó acerca de la dictadura civil por la cual esta atravesando el pueblo colombiano, donde existen 35.000 detenidos- desaparecidos y más de 4 millones de desplazados. En ese sentido se propuso efectuar un llamado a la solidaridad internacional con el pueblo colombiano, a fin de que se instaure allí, una verdadera justicia social.

Un punto señalado fue la serie de propuestas que vienen sucediéndose en las asambleas y reuniones hacia la Constituyente Social que se realizan en todo el país. Se propuso en tal sentido articular la generación de “estrategias institucionales” tendientes a pensar al Movimiento propugnando por la Central como una real alternativa para la construcción de poder popular. La base de ello descansaría en una gran unidad, plural, democrática y liberadora, abordada también desde las prácticas cotidianas de luchas y desde las más diversas situaciones, muchas veces dramáticas, que atravesamos como argentinos.

Entre las conclusiones de la actividad, se destacó que la Jornada supuso una contribución al fortalecimiento desde un debate democrático, con protagonistas de diversas organizaciones, en un sendero que conduce, con fortaleza, con debates y con amplios consensos e iniciativas, a la Constituyente Social en Jujuy.

Por ello es que con vistas al trabajo de los compañeros constituyentes, elevamos este documento, con la expectativa de contribuir a la generación de elementos que desde la perspectiva de los poderes judiciales aporten a la consecución de la alternativa política, social y cultural que nuestro país requiere, en sintonía con la lucha de los pueblos latinoamericanos por Otra sociedad posible.

Buenos Aires, octubre 2008