El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) presentó este miércoles, alrededor de las 10 de la mañana, en la Fiscalía de Instrucción Nº 6 –DE FERIA-, a cargo del Dr. Gustavo Alenjandro Robineau, una denuncia penal por la falta de remisión de los fondos excedentes de coparticipación del 2007 al Poder Judicial (PJ), que ascienden a la suma aproximada de 10 millones de pesos.
Los delitos que se imputan son los de retención indebida y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o defraudación por administración fraudulenta y/o malversación culposa de caudales públicos (Arts. 173 inc. 2do.; 248; 173 inc. 7mo. y 262, respectivamente, todos del Código Penal), contra el Gobernador de la Provincia de Corrientes, Arturo Colombi, y el Ministro de Hacienda y Finanzas, Sergio Federico Tressens y/o quienes resulten responsables.
En la presentación se resalta el incumplimiento del Punto Décimo del Acuerdo Nº 32/08 que dispuso incrementar en $10.235.349,18 los créditos del Presupuesto de Gastos del Poder Judicial Ejercicio 2008 destinándolos a la Partida de Personal, correspondientes a los excedentes del 2007. El STJ comunicó inmediatamente al PE y al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto de la provincia para su inmediata implementación, sin embargo a la fecha aún no se concreta.
En mayo el Poder Ejecutivo (PE), por medio del Decreto 867/08, distribuyó los fondos excedentes de coparticipación al 31 de diciembre de 2007 dejando de lado a la Justicia, según Art. 20 de la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2008 Nº 5821. La misma normativa, en su art. 26 indica expresamente que el 6.27 % de ese dinero, que ascendía a $ 163.243.208 millones de pesos, correspondían al PJ.
El gremio había advertido al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de dicha situación por la cual se realizaron varios reclamos hasta que el Tribunal de Cuentas se expidió diciendo al PJ que debía dictar la norma administrativa que corresponda y poner en conocimiento al PE a los efectos del envío de los fondos, dando cumplimiento a la Ley de Autarquía Nº 4.420, derivada del art. 192 de la Constitución Provincial.
Fue así que el STJ, por medio del Acuerdo Nº 32/08 cumple con los requisitos administrativos para la recepción de los fondos que aún no fueron acreditados debidamente. Esta claro así que no solo se incumple con la normativa del STJ sino también con la Ley de Presupuesto y la Ley de Autarquía Financiera del PJ violando además la manda constitucional de hacer respetar la misma.
Los delitos que se imputan son los de retención indebida y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o defraudación por administración fraudulenta y/o malversación culposa de caudales públicos (Arts. 173 inc. 2do.; 248; 173 inc. 7mo. y 262, respectivamente, todos del Código Penal), contra el Gobernador de la Provincia de Corrientes, Arturo Colombi, y el Ministro de Hacienda y Finanzas, Sergio Federico Tressens y/o quienes resulten responsables.
En la presentación se resalta el incumplimiento del Punto Décimo del Acuerdo Nº 32/08 que dispuso incrementar en $10.235.349,18 los créditos del Presupuesto de Gastos del Poder Judicial Ejercicio 2008 destinándolos a la Partida de Personal, correspondientes a los excedentes del 2007. El STJ comunicó inmediatamente al PE y al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto de la provincia para su inmediata implementación, sin embargo a la fecha aún no se concreta.
En mayo el Poder Ejecutivo (PE), por medio del Decreto 867/08, distribuyó los fondos excedentes de coparticipación al 31 de diciembre de 2007 dejando de lado a la Justicia, según Art. 20 de la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2008 Nº 5821. La misma normativa, en su art. 26 indica expresamente que el 6.27 % de ese dinero, que ascendía a $ 163.243.208 millones de pesos, correspondían al PJ.
El gremio había advertido al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de dicha situación por la cual se realizaron varios reclamos hasta que el Tribunal de Cuentas se expidió diciendo al PJ que debía dictar la norma administrativa que corresponda y poner en conocimiento al PE a los efectos del envío de los fondos, dando cumplimiento a la Ley de Autarquía Nº 4.420, derivada del art. 192 de la Constitución Provincial.
Fue así que el STJ, por medio del Acuerdo Nº 32/08 cumple con los requisitos administrativos para la recepción de los fondos que aún no fueron acreditados debidamente. Esta claro así que no solo se incumple con la normativa del STJ sino también con la Ley de Presupuesto y la Ley de Autarquía Financiera del PJ violando además la manda constitucional de hacer respetar la misma.
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