sábado, 18 de abril de 2009

El SITRAJ presenta su nueva página web

El SITRAJ invita a todos los compañeros judiciales a visitar el nuevo sitio web institucional del gremio ingresando a www.sitrajcorrientes.com.ar.

El mismo ya se encuentra en el aire, en funcionamiento, aunque aún está en construcción.

De esta manera podrán acceder a todas las noticias gremiales locales y nacionales, además de las institucionales, presentaciones, normativas y reglamentaciones en vigencia.

Esperamos contar así con sugerencias y opiniones (notas, artículos, comentarios, etc.) sobre los temas de su interés que serán publicados y compartidos en la web. Los mismos deberán ser enviados por medio de la página, ingresando a "contacto", o directamente al correo del gremio sitrajcorrientes@hotmail.com.

sábado, 28 de marzo de 2009

Paro de dos horas en defensa de la libertad sindical

La Federación Judicial Argentina (FJA) convocó para este martes a un PARO NACIONAL y MOVILIZACIÓN, en solidaridad con los judiciales de LA RIOJA, SANTIAGO DEL ESTERO y CORRIENTES, ante las graves violaciones a los derechos laborales que padecemos.
Los más de 30 mil trabajadores de todas las filiales del país se movilizarán en defensa libertad sindical como así también por la convocatoria a paritaria nacional con porcentualidad salarial; el 82% móvil para jubilados; el respeto a la carrera judicial y por condiciones dignas de trabajo.


El SITRAJ adhiere a la medida nacional con un PARO DE ACTIVIDADES EN LAS DOS ÚLTIMAS HORAS DE LA JORNADA LABORAL del martes 31 de marzo. La medida fue evaluada oportunamente por los compañeros representantes judiciales de toda la provincia, como ya se informara días atrás, y comunicada debidamente al Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En este marco, de 11 a 13, el gremio llama a todos los compañeros judiciales a participar de la marcha provincial que realizará el mismo día, para que junto a las distintas organizaciones gremiales y sociales que integran la MULTISECTORIAL exijamos el respeto a la LEY DE PRESUPUESTO y que se distribuyan los excedentes de coparticipación del año 2008 –el Poder Judicial aún no recibe los 10 millones del 2007- para que se produzca la tan esperada RECOMPOSICIÓN SALARIAL DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL.

La concentración será a partir de las 10 en Plaza Torrent. La columna de trabajadores tiene previsto movilizarse por las calles del centro de la ciudad hasta Plaza 25 de mayo.

UN VIEJO ANHELO
El SITRAJ saluda y felicita a todos los compañeros judiciales que por Acuerdos 4 y 5 del STJ fueron ascendidos recientemente. Resaltamos que esto debe ser tomado como un reconocimiento a la entrega diaria de los trabajadores y el resultado de años de lucha gremial pidiendo por el respeto a la carrera judicial.

De esta manera, esperamos que este proceso de reestructuración se complete priorizando el derecho de los judiciales, la calidad de su trabajo y la antigüedad en sus lugares de trabajo.

martes, 24 de marzo de 2009

Día Nacional de la Memoria por Verdad y Justicia

El 24 de marzo de 1976 la presidente Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti., designando como presidente de facto al primero. Comenzó así el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".

Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.

Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular.

El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado y así imponer el "orden", sin ninguna voz disidente.

Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos. Mientras tanto, mucha gente se exilió.

- Dicen que no son 30 mil, pero este no es un fundamento válido para que 1 o 30 mil hombres y mujeres argentinos hayan sido desaparecidos, torturados y arrancados de esta vida por el macabro accionar de hombres que decían defender al Estado cuando lo estaban aniquilando.

- Dicen que la Justicia es tuerta, porque juzgan a unos y no a otros. Sin embargo, los genocidas gozan hoy de todas las garantías constitucionales para ejercer su derecho a defensa, mientras que en aquella época nefasta de nuestra historia, en el mejor de los casos un detenido era juzgado por un "Tribunal" militar, mientras que otros, la mayoría, fueron ejecutados, torturados o liberados tras un largo calvario o exilados y sin explicación ni acusación formal alguna.

- Dicen que eran terroristas, aunque el monopolio del terrorismo y el horror fue del Estado que tuvo la posibilidad de detenerlos y juzgarlos pero prefirió matarlos, marcarlos de por vida, arrasar con sus familias y empujarlos al destierro.

NUNCA MÁS

Repudio al golpe genocida

DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA EN TORNO AL NUEVO ANIVERSARIO DEL GOLPE DE ESTADO DE 1976 Y EL GRAVE ATRASO DE LOS PROCESOS A LOS GENOCIDAS
En ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cabe recordar una vez más una de las principales deudas de los argentinos en relación al pasado reciente que, es a la vez, un requisito indispensable para avanzar hacia una auténtica democracia: el juicio y condena de todos y cada uno de los responsables del genocidio perpetrado en torno a esos años.

Los juicios por violaciones a los derechos humanos vuelven a atravesar una situación de incertidumbre. Luego de la anulación de las leyes y decretos de impunidad, numerosas causas, la mayoría de las cuales se habían iniciado en los ochenta, se reactivaron. La permanente brega del amplio movimiento social y político que primero denunció el terrorismo de Estado y luego exigió justicia, obtuvo de ese modo un nuevo aliento. Sin embargo, el camino recorrido nunca ha sido fácil y ahora nos encontramos ante una nueva encrucijada.

Las declaraciones presidenciales, ocurridas durante el discurso de apertura de las sesiones legislativas del año en curso, fueron cuanto menos desafortunadas. Cristina Fernández de Kirchner sostuvo allí que el Poder Ejecutivo había hecho todo lo que tenía que hacer para impulsar la justicia en ese plano. Era, por una parte, una respuesta al llamado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando le solicitó una reunión para adoptar medidas que aceleraran los procesos, que intentaba endilgarle al Poder Judicial toda la responsabilidad por las demoras, sobre la base de que, efectivamente, los magistrados tienen en sus manos dichas causas. Pero, por otra parte, fue la elusión de las responsabilidades propias del Poder Ejecutivo, que son muchas y muy serias y que, de ningún modo, han sido resueltas durante el encuentro entre el presidente del máximo tribunal de la Nación, Ricardo Lorenzetti y el Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Sergio Massa, el pasado, miércoles 11 de marzo.

Mientras Julio López se encuentra desaparecido y centenares de testigos del terrorismo de Estado sienten la amenaza de quienes aún tienen poder para producir semejante hecho, mientras la investigación del caso de López siga en manos de la bonaerense, principal sospechosa de la trama que impide el esclarecimiento de su situación, mientras no se impulse una investigación a fondo del genocidio, mientras en la justicia y en otras instancias del Estado persistan partícipes y cómplices de las violaciones a los derechos humanos durante nuestro pasado reciente, mientras no se disponga de los recursos económicos, técnicos y personal suficiente para las tareas administrativas y judiciales necesarias para hacer justicia, y mientras no se disponga la búsqueda y apertura de todos y cada uno de los archivos vinculados con la represión (el de la Side, por ejemplo) el Poder Ejecutivo tiene y debe hacer mucho, mucho más de lo que ha hecho.

Por ejemplo, en los juicios sustanciados ante los tribunales orales de La Plata, en los casos de Etchecolatz y Von Wernich, se puso en evidencia, claramente, la escasez de recursos que, de algún modo fueron suplidos por el esfuerzo de empleados y funcionarios del poder judicial local y de organizaciones sociales y de derechos humanos que contribuyeron a llevarlos adelante.

La derecha más reaccionaria, que clama hipócritamente por la inseguridad, nada ha dicho sobre este tema, quizás intuyendo que no puede salir a decir claramente que no le interesan estos juicios, porque iría a contrapelo de la opinión mayoritaria de nuestro pueblo.

No hay duda, por ejemplo, que en 1983 se perdió una oportunidad para cambiar de fondo el sistema judicial, comenzando por una depuración de todos los que participaron de esa farsa de Poder Judicial de la dictadura y siguiendo por una reestructuración que siguiera parámetros de equidad y democratización. No hay duda de que la etapa menemista y aún el interregno de De la Rúa mantuvo y hasta profundizó la degradación del sistema. Pero el reemplazo de algunos de los miembros de la nefasta Corte de esas era de los noventa y las reformas de procedimientos ocurridas en esta última etapa iniciada en el 2003 ha sido también insuficiente para garantizar una auténtica justicia.

Se requiere una profunda reforma del sistema judicial, no en el sentido en que han reclamado los sectores dominantes en el marco de la globalización neoliberal, sino en función de adentrarnos en una sociedad verdaderamente democrática. Por ejemplo, la comunidad debería, entre otras cuestiones, participar en la elección de los magistrados como una medida de democratización y transparencia. De no avanzarse en esa reforma, no solo persistirán magistrados y mecanismos judiciales que entorpecerán o esterilizaran los juicios por violaciones a los derechos humanos sino que serán una traba para cualquier proyecto de una sociedad mejor.

Existe una responsabilidad inexcusable del Poder Ejecutivo en esas materias, ya sea reformulando el sistema de seguridad (especialmente en relación a las fuerzas armadas, policiales y penitenciarias), creando instancias de investigación que aporten elementos a los procesos en curso y que avance en la apertura de muchos otros –ya que los actuales procesados no son más que los que lo estaban en los ochenta, y la cifra actual de encauzados representa una mínima parte de todos los implicados en el genocidio- impulsando las modificaciones necesarias en el sistema judicial, promoviendo nuevas leyes que den sustento legal a todas esas medidas.

El Poder Legislativo Nacional tiene, también, importantes obligaciones, algunas de las cuales se correlacionan con las apuntadas para el poder Ejecutivo. Quizás, la más importante, se la de promover una renovada investigación del genocidio a partir de una Comisión Parlamentaria bicameral, que fue una vieja exigencia de los organismos de derechos humanos en los albores de la post dictadura, y cuya necesidad no necesita demostración, en un marco en el cual todavía, más de treinta años después de iniciado el genocidio, no existe certeza ni siquiera sobre la cifra total de asesinados, torturados, desaparecidos, secuestrados, y exiliados bajo el terror de Estado. Al estilo de anteriores comisiones investigadoras, el parlamento es un marco de legitimidad, pluralidad y con poder suficiente como para reactualizar esta iniciativa.

Pero todos estos señalamientos no pueden ser óbice para apuntar aquí las graves responsabilidades que pesan sobre el Poder Judicial actual, empezando por muchos de los tribunales que tienen a su cargo los procesos por violaciones a los derechos humanos, siguiendo por los tribunales de alzada, así como de la propia Corte Suprema. En efecto; por ejemplo, la Corte tiene facultades de supervisión y superintendencia que le permiten, aún en las actuales circunstancias, ejercer un control sobre esos procesos que no ha ejercido al menos a la altura de las necesidades. Los retrasos en los procesos, las más de cien excarcelaciones injustificadas de genocidas, la ausencia de profundas investigaciones no solo tiene raíces en complicidades personales de muchos magistrados que en alguna época integraron las filas del Estado terrorista, sino que en la Corte y en el Consejo de la Magistratura hay responsabilidades por no haber atendido a tiempo las advertencias de muchos organismos de derechos humanos y numerosas personalidades acerca de esta crítica situación.Eso se ha puesto claramente en evidencia recientemente, cuando un conjunto de organismos de derechos humanos, solicitó ante el Consejo de la Magistratura de la Nación que se inicie proceso a los integrantes de la Cámara de Casación, un paso que debió ser dado de oficio por el propio Consejo.

En síntesis, la encrucijada actual tiene muchas causas y responsables. Para salir de ella es necesario políticas de Estado que involucren a todos los poderes. Y, más allá de esto, estamos convencidos de que la permanente acción y vigilia de los movimientos sociales, sindicatos y partidos populares, especialmente de los organismos de derechos humanos, así como la de ese núcleo de magistrados que a contrapelo de la mayoría de sus colegas han cumplido con dignidad su misión, serán las garantías fundamentales para que se haga justicia.

En esa dirección, los trabajadores judiciales organizados en la Federación Judicial Argentina de todo el país nos sumaremos a cada una de las iniciativas que, a lo largo y ancho de nuestra patria, se realizarán para repudiar nuevamente el golpe genocida.

Jorge Izquierdo, Secretario General - Víctor Mendibil, Cosecretario General

miércoles, 18 de marzo de 2009

Urgimos una respuesta a nuestro reclamo salarial

Este miércoles, miembros de la Comisión Directiva del SITRAJ presentamos nuevamente un urgimiento al Superior Tribunal de Justicia (STJ) exhortando una pronta respuesta al reclamo salarial que venimos realizando desde hace meses.

El sábado pasado, en reunión de Comisión Directiva ampliada, con compañeros judiciales de toda la provincia desarrollamos un amplio temario. Uno de los puntos evaluados fue el reclamo salarial aún sin respuesta por parte del STJ poniendo de manifiesto que la devaluación del salario alcanza a febrero de este año el 43,30 %.
En este sentido, coincidimos en que debemos buscar una actualización de los haberes acorde a los índices del costo de vida y nivel adquisitivo actuales.

Hoy si esta brecha del 43,30 % no existiera los Sres. Miembros del STJ debería tener un salario líquido de $15.564,06; un Juez de Primera Instancia, $12.762,53; un Secretario de Primera Instancia, $9.883,18; un Escribiente $3.114,76; un Ayudante $2.544,06, lo que demuestra en números reales lo lejos que estamos y lo justo de nuestro reclamo.

En este contexto, confiamos en que hoy podría ser oportuno para que los trabajadores podamos tener una respuesta a un reclamo justo que dignifique la labor judicial.

PARO NACIONAL

Representantes judiciales de toda la provincia decidió adherir al paro y movilización convocado por la Federación Judicial Argentina (FJA) para el 31 de marzo.

Con esta convocatoria la FJA ajusta sus medidas de fuerza a la movilización que realizará el mismo día la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) con una marcha hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar por la plena vigencia de la libertad sindical, el 82% móvil para todos los trabajadores del país, y el formal pedido de otorgamiento de la personería gremial a la Central.

Asimismo, la movilización de los trabajadores en todo el país se realiza en el marco de la protesta continental que se resolvió por el ENCUENTRO SINDICAL DE NUESTRA AMÉRICA en repudio a la EXPLOTACION DE LA CLASE TRABAJADORA.

martes, 17 de marzo de 2009

Ayuda escolar: una bolsa de útiles

La Comisión Directiva del Si.tra.J, en reunión del 14 de marzo pasado, resolvió cambiar el sistema empleado como subsidio de escolaridad, la misma a partir de este año consistirá en una bolsa de útiles que contendrá lo siguiente:

PRIMARIA

De 1ro a 4to. Grado: 1 cartuchera; etiqueta; goma de pegar; 1 cuaderno tapa dura de 200 hojas; 1 lápiz negro; 1 borrador tinta lápiz; 1 cuaderno tapa dura 100 hojas; 1 regla de 20 cm; 1 sacapuntas plástico; 1 caja de lápices colores x 12.

5to. a 6to. grado: 1 carpeta negra con anillos; 1 paq. hoja de block rayadas x 96; 1 cartuchera; 1 birome; etiqueta; goma de pegar; 1 lápiz negro; 1 borrador tinta lápiz; 1 regla de 20 cm, 1 sacapuntas plástico; 1 caja fibra color x 12.

SECUNDARIA

1er. a 4º año: 1 carpeta negra con anillos; 1 paq. hoja de block rayadas x 96; 1 cartuchera; 1 birome; goma de pegar; 1 lápiz negro; 1 borrador tinta lápiz; 1 cuaderno universitario; 1 regla de 20 cm, 1 sacapuntas plástico; 1 caja fibra color x 12.

5to. y 6to. Año: 1 carpeta negra con anillos; 1 paq. hoja de block rayadas x 96; 1 cartuchera; 1 resaltador; 1 birome; 1 lápiz negro; 1 borrador tinta lápiz; 1 cuaderno universitario; 1 regla de 20 cm; 1 sacapuntas plástico.

UNIVERSITARIO

1 block borrador, 1 cartuchera; 1 resaltador; 1 birome; 1 lápiz negro; 1 borrador tinta lápiz, 1 regla de 20 cm, 1 sacapuntas plástico.

Para RETIRAR la misma deberá presentar EN FORMA COMPLETA Y SIN EXCEPCION EL SIGUIENTE FORMULARIO DE CONSTANCIA DE ESCOLARIDAD:

CERTIFICO. Que el/la alumno/a …………………………cursa el …….. grado/año, correspondiente al grado PRIMARIO/SECUNDARIO (tachar lo que no corresponda) de la Escuela………………………………………… de la localidad de……………….. Se extiende el presente, a los …….. días del mes de ……….. del año ……. Para ser presentado ante las Autoridades del Sindicato de Trabajadores Judiciales, por su padre/madre ……………………….. afiliado a dicha organización.

En caso de ser estudiante Universitario

CERTIFICO. Que el/la alumno/a ……………………………………… es alumno regular de la carrera de ………………………………………….... Se extiende el presente, a los …….. días del mes de…………………….del año……. Para ser presentado ante las Autoridades del Sindicato de Trabajadores Judiciales, por su padre/madre ……………………….. afiliado a dicha organización.

"Un zapatazo al tarifazo"

Ante las más diversas interpretaciones volcadas en los medios de prensa de Corrientes con respecto a la movilización llevada a cabo el pasado jueves 12 de marzo, las entidades sindicales y sociales integrantes de la MULTISECTORIAL DE CORRIENTES y de la COORDINADORA PARA LA DEFENSA DEL BOLSILLO, desean poner en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:

1º) La marcha fue convocada por ambas entidades que, como es de público conocimiento, está integrada por organizaciones sindicales y sociales que accionan desde hace un tiempo en forma conjunta en uso del derecho constitucional de peticionar que les asiste en defensa de los intereses y derechos de sus representados, en forma respetuosa, organizada y pacífica, tal como ha quedado demostrado en la jornada del jueves pasado, en la que no se han registrado incidentes de ninguna naturaleza, a pesar de la gran cantidad de manifestantes.

2º) La misma, la tercera en lo que va del año, que se llevó a cabo en esta oportunidad con la consigna “UN ZAPATAZO AL TARIFAZO” tuvo como objetivo reiterar el reclamo de derogación de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo Provincial que provocaran un desmesurado e impagable incremento en el costo de los servicios de energía eléctrica y agua potable, por un lado, y por el otro para exigir se asigne a una recomposición salarial para toda la administración pública provincial los mas de 500 millones de pesos de excedentes de coparticipación devengados correspondientes al año 2.008, tal como se encuentra taxativamente dispuesto en la Ley de Presupuesto Provincial de dicho año.

c) Los sucesos que son de conocimiento público ocurridos en el sector de la docencia correntina, ha provocado que las entidades convocantes hayan manifestado en la marcha y públicamente su firme respaldo a las acciones gremiales dispuestas por las organizaciones sindicales del sector docente, como así también a los alumnos y a la familia policial que se encontraban concentradas en la plaza 25 de Mayo.

d) Las entidades convocantes repudian y rechazan el absurdo e infantil argumento de aquellos funcionarios que, ante la contundente participación de los convocados, pretenden descalificarla tildándola de tener objetivos de carácter partidario.

La Multisectorial de Corrientes y la Coordinadora para la Defensa del Bolsillo, desde siempre han entendido que los problemas que afectan a sus representados, originados por la desidia, la ineficacia y el desinterés de la dirigencia política en función de Gobierno, deben ser solucionadas institucionalmente por los poderes a los que la Constitución y las leyes le han otorgado las facultades para hacerlo.

Jamás ha sido, ni será, de interés del conjunto de las entidades sindicales y sociales que la integran perturbar los procesos democráticos dispuestos por la ciudadanía correntina, mas allá de la presión que se pueda llegar a ejercer en defensa de los intereses de sus representados, pero que siempre tienen como objetivo la denuncia de situaciones agravantes para los mismos, y la solución por parte de quien debe buscarla y encontrarla.

Corrientes, 16 de marzo de 2.009

Firman el presente comunicado de prensa:
ACDP-SUTECO-AMET-UDA-SADOP-MUD-ATSA-ASPROSAC-SOEME-AEPPC-FESTRAMCO-AOEM-VIALES-BANCARIOS-SELCO-SITRAJ-APETCRA-ATUN-BARRIOS DE PIE

Judiciales contra la pena de muerte

En declaraciones a la prensa, el Secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), Jorge Izquierdo, expresó el rechazo terminante de los trabajadores judiciales a la pena de muerte.

La frondosa campaña de segmentos conservadores, incluidas las empresas de comunicación comúnmente llamadas medios de prensa, en torno a la “inseguridad” –advirtió Izquierdo- “nos impone a todos los trabajadores judiciales a tener una actitud firme en rechazo de la pena de muerte instada por sectores sociales acomodados, como son los casos de Susana Jiménez y Marcelo Tinelli".

“Lo que se pretende desde esos sectores es abrir el camino más directo para instaurar una vez más un aparato represivo que incluya la pena de muerte”, indicó. Pero, “tenemos una experiencia funesta en la historia Argentina: sangre de pobres y trabajadores, ha corrido por las calles para imponer un modelo capitalista de dominación que en la práctica viene ganando la batalla y a la cual nos enfrentamos una vez más con este inmenso caos que es la economía mundial”, agregó.

Izquierdo señaló que “otra vez, los países centrales intentan descargar el pésimo manejo de los recursos económicos de la humanidad que explotan y gozan vergonzosamente, sobre nuestras espaldas. Entiendo, en consecuencia, que no debemos tener actitudes dubitativas: no a la pena de muerte es la bandera de los judiciales argentinos contra la posibilidad de que a través del terror nos impongan una vez más el silencio de los cementerios”.

A propósito de ello, el sindicalista sostuvo que “es imperioso que -como bien se planteó en la última reunión de la Mesa Directiva Nacional de la CTA-, impulsemos un proyecto que derogue la ley antiterrorista sancionada por el Congreso Nacional a instancias del gobierno de los EE.UU.” porque “este instrumento es un elemento que bien puede plasmar en realidad la petición de pena de muerte, soslayando la adhesión al Pacto de San José de Costa Rica incluido en la Constitución Nacional”.

Para el secretario de la FJA, en un país como el nuestro, donde las diferencias sociales se agrandan, “siempre se apeló a la represión y a la muerte para sostener la desigualdad”, por lo tanto –subrayó-, debemos desplegar una fuerte política de esclarecimiento contra la pena de muerte y en pos de la derogación de esta ley antiterrorista que puede hacer realidad un nuevo aparato represivo”.

¿Bailando por un sueño?… el de Marcelo Tinelli

Me pregunto qué danza tendremos que hacer los Mapuches y campesinos para que nos devuelvan las tierras.
Es tan conmovedor ver a Tinelli cuando se emociona ante algún caso de injusticia social. Se le llenan los ojos de lágrimas y mira hacia las cámaras.
¿Si los indígenas se presentaran en su show podrían conseguir algo de respeto a sus derechos naturales?
¿Saben que es 'Trafipan 2000'?
Marcelo Tinelli, conductor, empresario televisivo que compró miles de hectáreas en la provincia sureña de Chubut y necesita desalojar 30 familias mapuches para construir un megaproyecto turístico.
Moira Millán, integrante de la Comunidad Pillán Mahuiza y del Frente de Lucha Mapuche y Campesinos en el marco de la lucha por la defensa del Agua y la Tierra aseguró a radio Universidad Nacional de Cuyo, que le dicen rotundamente ¡No! a cualquier megaproyecto que pretenda “arrasar con nuestro entorno a cualquier precio”.
La dirigencia indígena denunció que el megaproyecto turístico que pretende construir Marcelo Tinelli “es sobre la vivienda de 30 familias mapuches y, casualmente, lleva nombre mapuche, Trafipan 2000, cuando para llevarlo a cabo, necesita de su desalojo”.
“Cuanta más gente se entera, más nos ayuda para conseguir el apoyo de las autoridades para poder conservar nuestras tierras”.

Amigos: envío este mail para que ustedes también colaboren en la difusión de las cosas que suceden y que los medios de comunicación tapan.... Los medios alternativos (radio, diarios zonales) lo están haciendo, entonces es la labor nuestra sumarnos ante el silencio de los medios oficiales.

Lic. Marisa Burlastegui
Universidad Nacional de Mar del Plata

domingo, 15 de marzo de 2009

El SITRAJ adhiere al paro nacional convocado por la FJA

En reunión de Comisión Directiva ampliada, con la presencia de delegados de Seccionales y Departamentales de toda la provincia, el SITRAJ decidió adherir al paro y movilización convocado por la Federación Judicial Argentina (FJA) para el 31 de marzo.

El gremio continúa en estado de alerta y movilización y en el transcurso de esta semana presentará una actualización y urgimiento de respuesta por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ) al reclamo salarial.

Representantes judiciales de toda la provincia desarrollaron el sábado un amplio temario. Uno de los puntos evaluados fue el reclamo salarial aún sin respuesta por parte del STJ poniendo de manifiesto que la devaluación del salario alcanza a febrero de este año el 43,30 %. En este sentido, lo que el gremio busca es una actualización de los haberes acorde a los índices del costo de vida y nivel adquisitivo actuales.

MOVIDA NACIONAL Y CONTINENTAL

La FJA ajusta de esta manera sus medidas de fuerza a la movilización que realizará el mismo día la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) con una marcha hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar por la plena vigencia de la libertad sindical, el 82% móvil para todos los trabajadores del país, y el formal pedido de otorgamiento de la personería gremial a la Central.

La movilización de los trabajadores en todo el país se realiza en el marco de la protesta continental prevista que se resolvió por el ENCUENTRO SINDICAL DE NUESTRA AMÉRICA en repudio a la EXPLOTACION DE LA CLASE TRABAJADORA.
Comisión Directiva, 14 de marzo de 2009

miércoles, 25 de febrero de 2009

El SITRAJ actualiza petición salarial

El tiempo pasa y la respuesta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a nuestro reclamo salarial se dilata, depreciándose el salario de los judiciales a escalas alarmantes que trepan al 42 %. Somos conocedores del contexto social y político que vivimos, las esperanzas nunca se agotan, pero los trabajadores nos merecemos actitudes firmes y señales claras que van más allá de los meros comentarios recogidos en los pasillos y ascensores.

Miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) reiteró este martes al Superior Tribunal de Justicia el pedido de recomposición salarial, actualizando el porcentaje del deterioro de los haberes del sector que a enero de este año alcanza el 42,6 %, tomando como base el índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El porcentaje se da en base a un estudio de cálculo realizado por el gremio de donde surge la caída del salario de los judiciales desde junio 1985 a enero de 2009. Lo que pretendemos con esta petición del 42,6 %, es poder recuperar paulatinamente el poder adquisitivo que se tenía hace más de dos décadas y media, sin siquiera mencionar un incremento salarial que estaría por encima de dicho porcentual.

Sobradamente sabemos que nuestro reclamo se sustenta en la normativa en vigencia como la Constitución de la Provincia de Corrientes, Ley de Autarquía Financiera Nº 4420/90, Ley de Presupuesto Nº 5.821/08 (Prorrogado hasta la sanción de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2009), etc., etc. Sin embargo, eso es ignorado por funcionarios y legisladores a la hora de aprobar el Presupuesto, debiendo salir los trabajadores a las calles para pedir a gritos que se respeten las leyes cuando existen las herramientas y los procedimientos establecidos para hacer cumplir las mismas.

En los últimos tiempos venimos soportando exorbitantes incrementos en las tarifas de los servicios públicos esenciales, teniendo que optar por cubrir éstos o priorizar la alimentación y salud de nuestras familias, a lo que se suma el gasto ante el inicio del ciclo lectivo.

Ya no alcanzan las expectativas lanzadas en pasillos y ascensores de tribunales para dilatar aún más una respuesta que debe darse en forma urgente ante la crisis económica de la familia judicial, al igual que el resto de la ciudadanía.

Necesitamos actitudes firmes y señales claras, para trabajar con dignidad, en un marco de seguridad social y económica.

“¿DONDE ESTA LA PLATA ?”

Según el Ministerio de Economía de la Nación , la Provincia de Corrientes, en el marco del Acuerdo Nación-Provincia – Ley 25.570 de distribución de Recursos Nacionales, recibió durante el año 2.008 la suma total de $ 2.576.261.200.

Según el Presupuesto correspondiente al año 2.008 de la Provincia de Corrientes aprobado por Ley Nº 5.821, estaba previsto recibir por similar concepto la suma de $ 2.035.182.100.
Es decir, se ha producido en el año 2.008 un excedente de coparticipación federal que ascendió a la suma total de $ 54l.079.100.

De acuerdo al artículo 26º de la Ley citada precedentemente, un 50 % de dicho excedente, es decir, $ 270.539.550 , debe ser destinado a “ la Partida de Personal de toda la Administración Pública , con el fin de cubrir una recomposición salarial” …; un 20 %, es decir $ 108.215.800 , “a la partida correspondiente al Ministerio de Salud Pública, priorizando la incorporación del personal en actividad sin relación de dependencia”; el 6,27 %, es decir $ 33.925.653 “al Presupuesto del Poder Judicial”, entre otras disposiciones.

Nada de ello a ocurrido, y mucho nos tememos que se haya cumplido con lo que esta MULTISECTORIAL viene denunciando desde el año pasado, esto es QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL INTENTARIA ARREBATAR A LOS TRABAJADORES PUBLICOS LA PLATA DESTINADA POR EL PRESUPUESTO A RECOMPONER SUS SALARIOS.

Esta denuncia se ha visto confirmada en estos días ya que recientemente, con fecha 30 de diciembre de 2.008, el Poder ejecutivo Provincial ha dictado el Decreto Nº 3.035/08 por medio del cual se aumenta el cálculo de recursos de la administración central en la suma de $ 66.130.638 , pretendiendo hacer creer que tal monto es el excedente de coparticipación de recursos federales correspondiente al año 2.008.

Salvo que el Decreto mencionado se refiera a la incorporación parcial de los excedentes del año pasado al presupuesto de recursos de la Provincia , los trabajadores públicos nos preguntamos:

¿Dónde está nuestra plata?

¿No será que el Gobierno lo utilizó en propaganda y publicidad como en el mes de diciembre del año pasado cuando gastaron más de 10 millones de pesos para financiar campañas sucias y de desprestigio contra quienes opinan distinto, o cuestionan algunas medidas?

¿No será que el Gobierno lo utilizó para pagar la incorporación al plantel de personal de 7.000 nuevos cargos, todos designados o contratados con fines políticos-partidarios, verdaderos ñoquis que pululan por todas la oficinas sin hacer nada?

¿No será que el Gobierno está haciendo “caja” para solventar los gastos de la campaña electoral del corriente año ya que no tienen mas partido político que los banque?

En verdad, no lo sabemos. Lo que si sabemos es que al bolsillo de los trabajadores públicos, de los maestros y profesores, de los médicos y enfermeras, de los policías, de los recolectores de residuos, de los obreros que trabajan en los caminos, es decir de todos aquellos servidores públicos de Corrientes que mantienen en funcionamiento el Estado Provincial, no ha ido ese dinero.

Y, para colmo de males, quienes le arrebatan el dinero destinado a recomponer sus salarios, en una decisión desaprensiva e insensible, le aplican un tarifazo salvaje en los servicios de luz y agua potable que se van a notar nítidamente en los pagos que deberán hacerse en el mes de marzo a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) y a Aguas de Corrientes.

Es por ello que hoy estamos aquí, entidades sindicales, organizaciones sociales, vecinos en general, y lo seguiremos estando hasta tanto el Gobernador de la Provincia , en su carácter de máximo responsable de todas estas penurias ordene se deje sin efecto el tarifazo aplicado y se distribuya como corresponde los excedentes de coparticipación de recursos federales.

DOCUMENTO UNIFICADO DE LA MULTISECTORIAL LEIDO TRAS LA MARCHA REALIZADA EL 19 DE FEBRERO DE 2.009 FRENTE A CASA DE GOBIERNO.

martes, 10 de febrero de 2009

Nueva denuncia contra el titular de Hacienda

Desde diciembre del año pasado los judiciales esperamos percibir la suma de $ 500 que el Superior Tribunal de Justicia resolvió liquidar, por única vez, por Acuerdo Extraordinario Nº 8 del 15-12-08, con fondos de la Partida Personal correspondientes al presupuesto del Poder Judicial.
Luego de un largo enero de espera, versiones encontradas, presentaciones y reclamos realizados desde el gremio e intimaciones realizadas por el Alto Cuerpo, el pasado jueves se confeccionó la solicitud de liberación de fondos y el viernes se liberaron los recursos para el pago. Estos debían estar depositados en las respectivas cajas de ahorro de empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial. Sin embargo, una vez más, la intriga y el engaño se hicieron presentes –en un contexto político y social expectante- resultando perjudicados en medio del torbellino los trabajadores.
Es por eso que el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ), en representación de todos los compañeros, presentó este lunes 09 de febrero una denuncia contra el Ministro de Hacienda y/o el Director de Contaduría y/o el Tesorero de la Provincia de Corrientes, a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos de DESOBEDIENCIA (Art. 239 del Código Penal) y/o ABUSO DE AUTORIDAD (Art. 248 del C.P.) y/o RETENCION INDEBIDA (Art. 173 inc. 2do. del C.P.).
En la presentación solicitamos que la investigación se realice con carácter de URGENTE, dado el carácter alimentario de este “bono” que los trabajadores judiciales esperaban cobrar esperanzados a fin de paliar temporalmente la crisis económica que sufrimos, con salarios congelados frente a subas exorbitantes de tarifas y precios de la canasta básica, a la que se suma la canasta escolar con el cercano inicio de clases.

Muchos pueden pensar, ante la actitud equilibrada del gremio y sus representantes, que no advertimos el manoseo al que pretenden someter a los trabajadores, pero damos pasos firmes y contundentes, seguimos adelante y estaremos en cada calle, plaza, salón, recinto y estrado judicial que corresponda para ejercer nuestros derechos y defenderlos.

¡ESTAMOS EN ALERTA!

sábado, 7 de febrero de 2009

¡PARE LA MANO SR. GOBERNADOR!

La Multisectorial de organizaciones gremiales y sociales de Corrientes concretó hoy (05-02-09) su primera movilización en 2009, en este caso para rechazar los aumentos de tarifas en los servicios de agua y energía eléctrica y exigir que los valores de las mismas se retrotraigan a diciembre de 2008.
La importante columna de personas participantes de la marcha, recorrió las calles céntricas de esta Capital desde la Plaza Juan de Vera hasta la Plaza 25 de mayo, oportunidad en la que se hizo conocer la siguiente carta pública del sector sindical de la Multisectorial, dirigida al Gobernador de la Provincia, Arturo Colombi:
Llegamos hasta aquí para reclamar una repuesta a la nota que presentáramos la semana anterior, en la que solicitábamos a usted que, en forma clara y terminante, ordene dejar sin efecto los TARIFAZOS aplicados, o avalados por su Gobierno, en los servicios de energía eléctrica y agua potable, y que afectan a todos nuestros conciudadanos en general, y en particular a los trabajadores de la administración pública provincial y municipal que representamos.
Es precisamente esta representación que ostentamos la que nos obliga a manifestar a usted, como máximo responsable del bienestar de los correntinos, que estas decisiones ponen a su gestión al borde de la tolerancia.
No se puede entender, Sr. Gobernador, que mientras que por un lado se niega usted sistemáticamente a recomponer los salarios de los trabajadores estatales (aun cuando cuenta con los recursos presupuestarios correspondientes) y gasta millones de pesos en publicidad y propaganda electoral, aplica este tarifazo inhumano y salvaje en los servicios públicos vitales que producen un grave deterioro en el salario real de los mismos.
¿Se imagina usted las vivencias de un empleado público que el mes que viene tiene que mandar a sus hijos a la escuela y que tiene que soportar con su salario congelado los incrementos en los precios de los útiles escolares, en el transporte, y ahora también en los servicios de luz y agua?. Es muy fácil para usted y sus funcionarios culpar a otros por la ineptitud e ineficacia de la gestión que encabeza, con verdades a medias que son las peores mentiras.
Lamentamos mucho, Sr. Gobernador, que usted y su Gobierno continúe sordo y ciego ante las demandas de los trabajadores públicos estatales que respetuosamente desde las entidades sindicales de la MULTISECTORIAL desde hace tiempo venimos planteando.
Pero de lo que puede estar totalmente seguro, es que no vamos a renunciar a nuestro derecho de reclamar, a nuestro derecho de expresarnos, en defensa de los derechos laborales y salariales de nuestros representados, a los que continuaremos convocándolos para mantenernos en estado de alerta y movilización.
Y, ante la falta de repuesta de su parte, es que reiteramos: ¡PARE LA MANO!

DOCUMENTO UNIFICADO DE LA MULTISECTORIAL, LEIDO FRENTE A CASA DE GOBIERNO EL JUEVES, 5 DE FEBRERO DE 2009, EN OPORTUNIDAD DE REALIZARSE LA MARCHA CONTRA EL TARIFAZO.

domingo, 1 de febrero de 2009

Rechazo al TARIFAZO

Esta semana las organizaciones gremiales y sociales, agrupadas en la MULTISECTORAIL, presentaremos una nota al Gobernador RECHAZANDO EL TARIFAZO en los servicios de energía eléctrica y agua potable recientemente aplicados, solicitando se ordene dejar sin efecto en forma inmediata tales medidas.
En caso de no tener respuesta al petitorio, se llevará a cabo un marcha el jueves -05 de febrero-, en horas de la mañana, hacia la Casa de Gobierno para lo cual se convoca a todas las organizaciones intermedias, entidades sindicales del sector privado y a los usuarios de los servicios públicos en general, a acompañar el reclamo, en uso del derecho constitucional que asiste a los ciudadanos de peticionar a las autoridades.
Por otra parte, este lunes la MULTISECTORIAL se presentará ante la Justicia a fin de que los mas de 500 millones de pesos de coparticipación federal del 2008, sean distribuidos por el Poder Ejecutivo como lo dispone el artículo 26 de la Ley de Presupuesto, es decir: a) 50 % para recomponer los salarios del personal de la administración pública (alrededor de 220 millones de pesos); b) 20 % a la partida de Salud Pública priorizando la incorporación de personal sin relación de dependencia; c) 6,27 % al presupuesto del Poder Judicial, entre otros.

¡ATENCIÓN! FONDO DE AYUDA SOLIDARIA (FAS)
Desde el mes de diciembre se suspendieron los descuentos automáticos de las cuotas correspondientes a los préstamos del FAS. La medida fue establecida por decreto del Poder Ejecutivo invitando al Poder Judicial a adherirse, sin embargo el Superior Tribunal de Justicia (STJ) no se expidió al respecto.
Es así que resaltamos que “la quita del código” se realizó desde la Dirección de Personal de la Provincia sin que haya sido ordenada por el Alto Cuerpo. La intención del Gobierno es clara: ahogar y debilitar a las organizaciones gremiales para que no podamos seguir defendiendo nuestros derechos, de un trabajo digno con retribución justa.
En este marco, el SITRAJ pide a los compañeros que en forma SOLIDARIA y VOLUNTARIA se acerquen a la sede gremial a abonar las cuotas; también pueden comunicarse telefónicamente con OSCAR SOTO para coordinar los pagos; y/o con MARTA RAMIREZ (Juzgado de Instrucción Nº 1) y/o cualquier miembro de la Comisión Directiva del gremio, hasta que se resuelva la situación debido a que ya se realizaron los reclamos pertinentes.

viernes, 16 de enero de 2009

Judiciales esperan se depositen fondos del “plus” de 500 pesos

El Poder Judicial (PJ) otorgó a los trabajadores, a mediados de diciembre pasado, un plus de $ 500 pesos en el marco de un saldo aproximado de 1 millón de pesos en la Partida Personal con fondos del Presupuesto aprobado por ley, para el ejercicio 2008. Este “bono” aún no fue percibido por los judiciales, aunque ya está lista la liquidación, debido a que el Poder Ejecutivo no acredita el dinero.

Aún no se conoce certeramente las razones, debido a que el PJ tiene autarquía financiera y puede disponer de los fondos aprobados por la Ley de Presupuesto, que para el 2008 fue de alrededor de 171 millones de pesos, de acuerdo a sus necesidades y previsiones. Sin embargo, de acuerdo al procedimiento habitual, en cada erogación que realice, dentro de lo presupuestado, necesita indefectiblemente que el dinero sea acreditado para su efectiva utilización por parte del Ministerio de Hacienda que aún no realiza la gestión.

Es así que, si los trabajadores judiciales no cobran aún los $500, liquidados con fondos del Presupuesto 2008, es porque no se acreditan los fondos correspondientes en clara violación a la Ley de Autarquía Financiera Nº 4420, con mandato constitucional, la Ley de Presupuesto Nº 5821 y el Acuerdo Extraordinario Nº 8/08. Esta situación podría derivar en nuevas acciones judiciales ya que el viernes pasado -09 de enero- el PJ habría intimado al Ministerio de Hacienda para que realice la acreditación correspondiente en las cajas de ahorro de los trabajadores, pero aún no hay novedades.

AUMENTO SALARIAL
Por otra parte, en lo que respecta al incremento salarial, solicitado en varias oportunidades a los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sin respuesta al momento, este podría darse si el 6,27 % de los fondos excedentes de coparticipación del año 2007 –distribuidos por Decreto sin incluir al PJ-, de alrededor de 10 millones de pesos, fueran puestos a disponibilidad del Poder Judicial, de conformidad a los Arts. 20 y 26 de la Ley de Presupuesto del 2008 y el Acuerdo Nº 32/08.

Es por ello que, el miércoles pasado presentamos una denuncia penal contra el Gobernador de la Provincia de Corrientes, Arturo Colombi, y el Ministro de Hacienda y Finanzas, Sergio Federico Tressens y/o quienes resulten responsables por los delitos de retención indebida y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o defraudación por administración fraudulenta y/o malversación culposa de caudales públicos (Arts. 173 inc. 2do.; 248; 173 inc. 7mo. y 262, respectivamente, todos del Código Penal).

miércoles, 14 de enero de 2009

Denuncia penal contra el Gobernador y el Ministro de Hacienda

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) presentó este miércoles, alrededor de las 10 de la mañana, en la Fiscalía de Instrucción Nº 6 –DE FERIA-, a cargo del Dr. Gustavo Alenjandro Robineau, una denuncia penal por la falta de remisión de los fondos excedentes de coparticipación del 2007 al Poder Judicial (PJ), que ascienden a la suma aproximada de 10 millones de pesos.

Los delitos que se imputan son los de retención indebida y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o defraudación por administración fraudulenta y/o malversación culposa de caudales públicos (Arts. 173 inc. 2do.; 248; 173 inc. 7mo. y 262, respectivamente, todos del Código Penal), contra el Gobernador de la Provincia de Corrientes, Arturo Colombi, y el Ministro de Hacienda y Finanzas, Sergio Federico Tressens y/o quienes resulten responsables.

En la presentación se resalta el incumplimiento del Punto Décimo del Acuerdo Nº 32/08 que dispuso incrementar en $10.235.349,18 los créditos del Presupuesto de Gastos del Poder Judicial Ejercicio 2008 destinándolos a la Partida de Personal, correspondientes a los excedentes del 2007. El STJ comunicó inmediatamente al PE y al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto de la provincia para su inmediata implementación, sin embargo a la fecha aún no se concreta.

En mayo el Poder Ejecutivo (PE), por medio del Decreto 867/08, distribuyó los fondos excedentes de coparticipación al 31 de diciembre de 2007 dejando de lado a la Justicia, según Art. 20 de la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2008 Nº 5821. La misma normativa, en su art. 26 indica expresamente que el 6.27 % de ese dinero, que ascendía a $ 163.243.208 millones de pesos, correspondían al PJ.

El gremio había advertido al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de dicha situación por la cual se realizaron varios reclamos hasta que el Tribunal de Cuentas se expidió diciendo al PJ que debía dictar la norma administrativa que corresponda y poner en conocimiento al PE a los efectos del envío de los fondos, dando cumplimiento a la Ley de Autarquía Nº 4.420, derivada del art. 192 de la Constitución Provincial.

Fue así que el STJ, por medio del Acuerdo Nº 32/08 cumple con los requisitos administrativos para la recepción de los fondos que aún no fueron acreditados debidamente. Esta claro así que no solo se incumple con la normativa del STJ sino también con la Ley de Presupuesto y la Ley de Autarquía Financiera del PJ violando además la manda constitucional de hacer respetar la misma.